Más adultos mayores y menos aportantes ponen a prueba al sistema de salud
La estructura demográfica de Argentina está cambiando y el sistema de salud deberá adaptarse a una población cada vez más envejecida, con mayores necesidades sanitarias y problemas que requieren cuidados prolongados.
El impacto alcanza a todo el sistema. En el sector público, una mayor población envejecida significará más presión sobre el gasto, en el privado, pondrá a prueba la sostenibilidad financiera, que depende del equilibrio entre los recursos aportados por los afiliados y el costo de las prestaciones que reciben.
Un sistema que llega frágil al envejecimiento
El sistema de salud privado enfrenta el cambio demográfico desde una situación financiera delicada. Sus ingresos dependen de los aportes y contribuciones vinculados a los salarios formales, mientras que sus costos están atados a la evolución de los precios médicos, los medicamentos y la tecnología.
Con esa dinámica ya cuesta mantener las cuentas en equilibrio, y el problema se agrava por una base de aportantes reducida y costos cada vez más altos. Según estimaciones basadas en la EPH, la recaudación promedio por beneficiario fue de $66.149 mensuales en el primer trimestre de 2026. En el mismo período, la informalidad laboral alcanzó al 45% de los ocupados, lo que reduce la cantidad de trabajadores que hacen aportes y contribuciones al sistema.
Además, el costo de atención varía mucho según la edad. Un afiliado de 65 años o más tiene un costo equivalente a 4 veces el de un niño y a 2,6 veces el de un varón de entre 15 y 49 años, según datos del Ministerio de Salud. A medida que la población envejezca, ganarán peso los afiliados que más prestaciones demandan y habrá proporcionalmente menos jóvenes, que usan menos el sistema y ayudan a financiar al resto. Con las reglas actuales de financiamiento, esa combinación hará cada vez más difícil sostener el sistema.
Más gasto, menos aportantes
Según estimaciones de IERAL, el gasto por habitante crecería un 24% hacia 2070. Pero el problema de fondo está en quién lo financia. La población de 15 a 64 años alcanza su máximo hacia 2040 y después cae 16% respecto de 2025. Esto implica que, para sostener el mismo nivel de gasto por grupo de edad, cada persona en edad de aportar deberá financiar un 38% más en términos reales hacia 2070. Con salarios reales constantes, eso equivaldría a un aumento de la misma magnitud en la alícuota efectiva destinada a financiar el sistema.
La próxima década será la última en la que la demografía juegue a favor del financiamiento sanitario. Entre 2025 y 2035, la población en edad de trabajar todavía crecerá y la carga por aportante se mantendrá relativamente estable. A partir de entonces la tendencia cambia, y entre 2040 y 2070 el gasto que debe financiar cada persona en edad laboral aumentará un 33%, a un ritmo cercano al 1% anual, solo por efecto de la demografía.
Hoy el esquema funciona porque muchos afiliados jóvenes, que usan poco el sistema, financian a pocos mayores que lo usan mucho. Cuando la relación pase de 5,3 a 2,2 personas en edad laboral por cada adulto mayor, ese margen de compensación se achica.
El fenómeno alcanza a todas las provincias, aunque con distinta intensidad. En CABA, por ejemplo, el gasto total caería un 9% porque la población se reduciría cerca de un cuarto, pero el gasto por habitante aumentaría un 21%. La explicación es que la población no cae de forma pareja en todas las edades, y los adultos mayores, que demandan más prestaciones y cuestan más, ganan peso. En otras jurisdicciones, especialmente en la Patagonia y el NOA, el envejecimiento será más acelerado, en parte porque hoy tienen poblaciones más jóvenes.
Implicancias para el sistema de salud
El cambio demográfico no solo encarecerá la atención promedio, sino que también cambiará las condiciones en las que operan las obras sociales y las prepagas. Con más afiliados de edad avanzada, crece la demanda de tratamientos para enfermedades crónicas, internaciones, medicamentos de alto costo y cuidados prolongados. Harán falta más recursos y más capacidad de atención justo cuando la cantidad de aportantes por beneficiario tiende a bajar.
La presión también puede trasladarse al sector público. Si las obras sociales y las prepagas no logran financiar el aumento de los costos, podría crecer la demanda en los hospitales públicos, que a su vez enfrentarán el envejecimiento de su propia población. Por eso, la salud financiera de los prestadores privados importa para el sistema en su conjunto.
Los resultados muestran que conviene adaptar los mecanismos de financiamiento antes de que la presión demográfica se intensifique. El primer paso es ampliar la base de aportantes a través de la formalización laboral. Una mayor cantidad de trabajadores registrados permitiría fortalecer los ingresos del sistema y compensar parcialmente la reducción futura de la población en edad de aportar.
Además, se deben fortalecer los mecanismos de compensación entre entidades. Una distribución de recursos que contemple las diferencias en la composición etaria de los afiliados ayudaría a evitar que las instituciones con mayor proporción de adultos mayores enfrenten desequilibrios financieros difíciles de sostener.
La próxima década es una ventana para avanzar en estos cambios. Hasta 2035, la evolución de la población todavía permitirá sostener una relación relativamente favorable entre aportantes y beneficiarios. Después, la reducción de la población en edad laboral y el mayor peso de los adultos mayores harán más exigente el financiamiento. Anticiparse a esa transición es la forma de evitar que un proceso demográfico previsible termine en una crisis financiera y de capacidad de atención.


