Las tres claves

El inicio de 2026 encuentra a la política económica testeando varios frentes en simultáneo, todavía sin resultados concluyentes. El programa financiero enfrenta el desafío de refinanciar vencimientos de deuda doméstica y externa muy significativos, mientras que el esquema monetario-cambiario apunta a que el Banco Central compre dólares emitiendo pesos a un ritmo compatible con la estabilidad, en un contexto de actividad estancada desde mediados de 2025. El objetivo es cumplir estas metas sin recurrir a subas excesivas de tasas de interés, que podrían profundizar la desaceleración. Por eso, la primera parte del año funciona como una prueba de consistencia entre objetivos e instrumentos: si el Tesoro no logra un rollover pleno de la deuda en pesos, o si el esquema cambiario no habilita compras genuinas de reservas, se reduce el margen de maniobra del BCRA. A esto se suma una inflación que demora en perforar el 2 % mensual y un arrastre estadístico casi nulo, lo que obliga a recuperar dinamismo real. El resultado de este “banco de pruebas” condicionará el desempeño macro del resto del año.

Las bandas cambiarias indexadas buscan facilitar compras de dólares del Banco Central y reactivar la economía, aun resignando una desinflación más rápida. Sin embargo, el esquema mantiene rasgos transitorios que imponen límites al crecimiento sostenido. La indexación del techo de la banda según la inflación pasada complica la formación de una curva de tasas en pesos y la extensión de contratos a tasa fija, reforzando el cortoplacismo financiero. A esto se suma la persistencia del cepo a personas jurídicas, que sigue siendo un obstáculo para atraer inversión. Estas restricciones reactivan el debate sobre avanzar hacia un régimen bimonetario permanente, con flotación administrada y la tasa de interés como ancla, al estilo de Perú. La experiencia peruana muestra que el bimonetarismo no implica dolarización, sino mayor monetización en moneda local. Para la Argentina, un esquema de este tipo ampliaría el horizonte de decisiones y ayudaría a romper el “techo de cristal” de la inversión.

Aunque el 2025 cerró con un consenso social hacia el equilibrio fiscal y avances macro que reducen la probabilidad de una crisis inmediata, persisten muchas barreras estructurales que condicionan el crecimiento en 2026. El principal pendiente es abordar reformas profundas para dar sostenibilidad fiscal y mejorar la competitividad de la producción nacional, un desafío cuyo costo político y técnico es alto. Entre estos ejes figura la consolidación de un régimen monetario-cambiario previsible y funcional, imprescindible para expandir el crédito y dinamizar la inversión, y cuya ausencia todavía deja a la economía en un régimen de transición. Además, la reforma laboral enfrenta obstáculos adicionales por la complejidad de su implementación en distintas jurisdicciones provinciales. Otro nudo crítico es la calidad de la gestión pública: la falta de equipos con capacidades adecuadas para administrar organismos y programas genera dudas sobre la sostenibilidad de los logros fiscales y limita la implementación de políticas complementarias al ajuste macro. Superar estos déficits de gestión y avanzar con las reformas estructurales será clave para transformar los avances recientes en una recuperación sostenida de la actividad.