Cuentas externas en rojo: tensiones sectoriales, más que problema macro
En 2024 la balanza de cuenta corriente del balance de pagos en la versión INDEC habría registrado un superávit de entre 0,3% y 0,4% del PIB, y se espera para 2025 una reversión del signo positivo, apuntando a un déficit del orden del 0,8% del PIB, pese a un superávit esperado para la balanza comercial del orden de los 11 mil millones de dólares, como se analizó en el informe del 3 de febrero.
La cuenta corriente mide el saldo de comercio exterior de bienes y servicios, incluyendo en este último segmento tanto servicios reales (turismo, entre ellos) como financieros. La estadística del INDEC toma esos conceptos en sentido devengado (a diferencia del Banco Central que elabora una cuenta en base caja).
Un déficit de 0,8% del PIB en 2025, en caso de confirmarse, de ningún modo constituye un problema macroeconómico, en la medida en que el resto de las variables estén alineadas para lograr una sostenida entrada de capitales. Como referencia válida debe tenerse en cuenta que, en 2017, el año previo a que se desencadenara la crisis durante la gestión Macri, el déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos había sido de 31,1 mil millones de dólares, equivalentes a 4,8% del PIB. La diferencia es muy marcada con el presente.
Aunque los números sean mucho más manejables que en 2017, de todos modos, en las actividades de bienes y servicios expuestas al comercio mundial la situación es heterogénea, partiendo del hecho de que para este 2025 se prevé un incremento del orden de 24,4% interanual (ver informe de febrero) para las importaciones no energéticas, lo que implica la irrupción de fuerte competencia con proveedores locales en una gama amplia de rubros.
En realidad, es lo que se viene observando desde el segundo trimestre de 2024, que marcó el piso de la recesión. Desde entonces, el sesgo pro-importaciones en la dinámica de recuperación del nivel de actividad puede medirse por la diferencia en el ritmo de variaciones que se observa en el gráfico:
- El promedio mensual de las importaciones no energéticas pasó de 4,32 mil millones de dólares en el segundo trimestre de 2024 a 5,55 mil millones en enero de 2025, un incremento de 28,5% acumulativo.
- A esa variación de las importaciones no energéticas se corresponde un incremento del PIB del 5,4% acumulativo (faltando el dato de enero).
- Es decir, por cada punto que se incrementó el PIB desde el segundo trimestre de 2024, hubo un aumento de 5,3 puntos en las importaciones no energéticas.
En lo que hace a las tensiones sectoriales, no puede dejar de mencionarse el caso del turismo, y también la evolución del intercambio bilateral con Brasil, que está compuesto en alta proporción por exportaciones e importaciones de origen industrial.
En el caso de Brasil, dónde también influye la marcada apreciación del peso con respecto al real en la serie del tipo de cambio bilateral, no sorprende la rapidez de la reversión del saldo comercial.
Obsérvese que, a septiembre de 2024, la variación interanual de las exportaciones argentinas al vecino país era positiva en 11,9%, mientras que las importaciones originadas en Brasil experimentaban una leve caída interanual, de 1,2%. Cuatro meses después, a enero 2025, las ventas de Argentina al vecino caían un 10,1% interanual, mientras las importaciones de origen brasileño se incrementaban un 40,3% interanual.
En 2024, las exportaciones de la Argentina a Brasil sumaron 13,6 mil millones de dólares y las importaciones de ese origen alcanzaron a 14,3 mil millones, con un déficit anual levemente superior a los 700 millones de dólares. Pues bien, en el primer mes de 2025 el rojo bilateral fue de 480 millones de dólares, augurando un déficit anual entre 4,5 y 5 mil millones de dólares. Obsérvese que la mejora esperada del saldo positivo de la balanza comercial energética en 2025 sería del orden de los 3,1 mil millones de dólares, pasando de un superávit de 5,9 mil millones de dólares en 2024 a un proyectado cercano a los 9 mil millones este año.
Como se ha señalado en anteriores informes, la dinámica extremadamente positiva de hidrocarburos y minería es todavía una excepción a la regla en la marcha de la economía analizada por el lado de la oferta.
El resto de los sectores sigue atrapado por problemas estructurales de larga data. Desde el peso de los impuestos distorsivos (a mayor complejidad de la cadena productiva, se potencia el efecto negativo de los tributos en cascada); la persistencia de los convenios laborales centralizados, que penalizan a las actividades del interior y a las pymes, hasta la industria del juicio, pasando por un sistema financiero y un mercado de capitales todavía demasiado limitados por el cortoplacismo y el peso del financiamiento al sector público. El esfuerzo desregulador, con una treintena de medidas reseñadas en el informe de febrero (ver aquí) está contribuyendo a flexibilizar a la economía del lado de la oferta, pero no es un sustituto de reformas como la impositiva, la laboral, en el plano financiero y en la erradicación de la industria del juicio.
Los últimos datos de nivel de actividad fueron muy buenos, y la recuperación luce sostenible, pero debería evitarse el discurso triunfalista. Respecto del segundo trimestre de 2017, Minería e Hidrocarburos han crecido nada menos que un 38% acumulativo. Sin embargo, al cuarto trimestre de 2024, el valor agregado está todavía 8% abajo del segundo trimestre de 2017 en Industria, Hoteles y Restaurantes y Transporte; y también un 11% y 13% por debajo en agro y construcciones.
Política industrial: mejor el RIGI que la manipulación de aranceles de importación
La nueva política de “amenazas arancelarias” de los Estados Unidos parece estar produciendo los efectos esperados (no por el gobierno, sí por los mercados) a pocas semanas de arrancar. Aumentaron las expectativas de inflación de los consumidores norteamericanos e indicadores de confianza, como el elaborado por The Conference Board, cayeron en forma significativa, en este caso de 105,3 a 98,3 puntos entre enero y febrero. Por su parte, el precio de las acciones de las medianas empresas (Russell 2000) se contrajo casi 7% desde el 20 de enero.
Es difícil pensar que una política basada en recurrentes amenazas arancelarias pueda dar buenos resultados en materia de estabilidad e inversiones, y la historia de la economía argentina reúne suficientes pruebas al respecto.
Fue en base a la experiencia de nuestro país que, cuando el año pasado se discutía en el Congreso el “Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones”, se apuntó lo siguiente en el informe publicado el 1 de julio de 2024:
“El Régimen de Promoción de Grandes Inversiones (RIGI), que con algunas modificaciones también fue aprobado por el Senado, es cuestionable desde diversos flancos, pero también debe subrayarse que, por los instrumentos de promoción elegidos, tiene características muy positivas cuando se lo compara con otros regímenes aplicados en el país, caso de Tierra del Fuego y San Luis, que fueron diseñados bajo una lógica mercado-internista y sin ningún compromiso con la competitividad y la productividad. Los mecanismos de promoción asociados al RIGI tienen que ver con el sesgo exportador de los proyectos (para los que se prevé una gradual “libre disponibilidad de divisas”) y el alivio fiscal involucra al impuesto a las ganancias y las retenciones, no al IVA y/o impuestos internos, como es el caso de los anteriores.”
Vale decir, los incentivos a la inversión contemplados en el RIGI son consistentes con el objetivo de una mayor integración de las actividades locales en las cadenas globales de valor, más allá del clima de negocios global y local. Y esto no es menor tras una estanflación de 12 años asociada a un ritmo vegetativo de la inversión en máquinas y equipos
Sin embargo, hay que recordar que el RIGI nació con limitaciones, ya que los beneficios aplican sólo a determinados sectores (foresto industria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas) y con un umbral de los proyectos (200 millones de dólares) que excluye a las pymes. El riesgo de perpetuar una economía dual existe, ya que los sectores y proyectos que no puedan acceder al RIGI seguirán expuestos a un contexto de reglas de juego cambiantes, muy elevada presión tributaria y regulaciones muchas veces absurdas. Y ya se sabe que la informalidad como respuesta a esas distorsiones puede ser una salida individual, pero desaconsejable en el plano de la macro y prácticamente sin efecto en términos de capacidad exportable.
No sólo el RIGI nació con limitaciones. También habrían surgido dificultades de implementación, a juzgar por información periodística y, peor aún, no todos los gobernadores parecen comulgar con el espíritu y la letra del instrumento, aun formando parte del régimen. Es el caso de Río Negro, por ejemplo, que el 1° de julio del año pasado adhirió formalmente al RIGI y ahora adoptó una agenda orientada a reconstruir las “aduanas interiores”. Se trata de una pésima noticia en términos de expectativas y desde el punto de vista de la evaluación de proyectos de inversión.
Sería aconsejable que el gobierno nacional y el Congreso encaren un exhaustivo examen a propósito de la experiencia de aplicación del RIGI, repasen sus virtudes y limitaciones y diseñen una hoja de ruta para ampliar su alcance a los sectores no alcanzados, al mismo tiempo que se fortalezcan las barreras para evitar que el federalismo mal entendido frustre potenciales proyectos de inversión.
Jorge Vasconcelos
Coordinador General de Revista Novedades.
