Eliminación temporaria de retenciones: impacto inmediato positivo, dudas sobre el futuro
El Decreto 682/2025, publicado el 22 de septiembre, bajó a 0% las retenciones a granos y subproductos. La medida estará vigente hasta el 31 de octubre o hasta que se acumulen Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) por USD 7.000 millones, lo que ocurra primero.
Para acceder a esta alícuota diferencial, los exportadores tienen que liquidar al menos el 90% de lo declarado dentro de los tres días hábiles. Si no cumplen, deberán pagar los derechos de exportación según las alícuotas vigentes al 19 de setiembre.
La medida busca acelerar la venta de granos por parte de los productores agropecuarios (y otros actores de la cadena), cambiando los incentivos económicos al elevar, mientras esté vigente, los precios internos. Una mayor comercialización primaria permite la exportación directa los granos o su transformación industrial en otros productos que tendrán como destino la exportación. De lograrse el objetivo, es de esperar una mayor afluencia de dólares al MULC, con un costo fiscal asociado, el de los impuestos no recaudados.
Se calcula que todavía quedan por comercializar 20 millones de toneladas de soja del ciclo 2024/25 y unos 16 millones de toneladas de maíz (destinadas a exportación). A valores de mercado, esto representa entre USD 10.000 y 11.000 millones —según cotizaciones internacionales y si la soja se exporta como grano o sus productos derivados—, una cifra que supera ampliamente el límite fijado en la norma.
Un dato llamativo es que será la primera vez en varias décadas que todas las materias primas agrícolas y sus principales derivados podrán exportarse sin pagar retenciones (a diferencia de otros momentos en los que sólo algunas de ellas se encontraron completamente liberadas del tributo).
Acerca de la suba esperada de los precios
La efectividad del esquema para acelerar la comercialización de granos depende mucho de la suba de precios internos que pueda ofrecer, tanto en pesos como en moneda dura.
Respecto a este movimiento, un primer comentario es que la suba de precios no será simétrica entre granos. En efecto, como los DEX difieren según el producto, el impacto en precios internos debería ser mayor en soja (26%) que en maíz o trigo (9,5%). Como nota al pie, no está asegurado que la eliminación de retenciones se traslade en la misma proporción, es decir, completamente, a los precios locales, al tratarse de una medida temporaria que concentra mucha oferta en menos de 40 días, ya sea por sobrecostos, vinculados a cuestiones logísticas y financieras que probablemente enfrenten los exportadores, particularmente los vinculados a la industria de procesamiento, como por la posible oportunidad que enfrenta el sector exportador de negociar mejores condiciones, en un escenario de mucho entusiasmo de los productores por entrar al esquema.
Otro factor que puede limitar el alza plena de precios, al menos en los primeros días del nuevo régimen, es la posición comercial de cada exportador entre volúmenes registrados (DJVE) y volúmenes efectivamente comprados a precio cerrado. En los casos donde las DJVE emitidas superan la mercadería adquirida (un resabio del adelanto de DJVE que se observó al cierre del programa previo de baja temporaria de DEX), los operadores deberán absorber primero el costo de haber registrado ventas externas y pagado DEX sin contar todavía con el grano comprado a precio firme.
Finalmente, en paralelo al nuevo régimen de DEX, el Tesoro de Estados Unidos anunció un apoyo económico y financiero a la Argentina, un hecho con pocos antecedentes. Tras el comunicado —y también por el efecto inmediato de una mayor liquidación de exportadores—, el tipo de cambio oficial cayó 9% en los últimos días. Esto impacta en los precios internos de los granos medidos en pesos, que ahora enfrentan dos fuerzas opuestas: el impulso alcista de la eliminación temporaria de DEX y la baja del tipo de cambio oficial. Según cuál de estos factores pese más, los precios en moneda nacional pueden quedar por encima o por debajo del nivel previo al cambio de régimen, haciendo más o menos atractiva la nueva situación a los ojos de los productores. Por caso, en el maíz, una caída del 10% en el tipo de cambio oficial compensaría por completo los efectos de la eliminación temporaria de los DEX sobre los precios internos en pesos.
La decisión de vender ahora versus esperar
En cuanto a la decisión de venta, las expectativas de corrección cambiaria post elecciones de octubre podrían hacer pensar que existe un dilema entre aprovechar la eliminación transitoria de los derechos de exportación y los mayores precios resultantes — una situación equivalente a la de un tipo de cambio más alto— versus esperar a una eventual suba del tipo de cambio que compense la restitución de esas alícuotas. Esta disyuntiva aparece si la cuenta se hace en pesos, pero no si la decisión se evalúa en moneda dura.
En soja, por ejemplo, con un DEX del 26% y un dólar oficial cercano a $1.400, y haciendo números en pesos, recién convendría postergar la venta si se esperase que, tras los comicios, el tipo de cambio oficial superará los $1.900, dado que neto de retenciones, el valor resultante sería (en pesos de poder de compra constante) mayor al actual (ceteris paribus precios internacionales). En el caso del maíz, con una alícuota de 9,5%, el tipo de cambio de indiferencia se ubica por encima de los $1.600.
Ahora bien, cuando la cuenta se hace en dólares, la conclusión anterior no se mantiene. Sucede que vender en el presente a “precio internacional pleno” (sin descuento de DEX) siempre será más conveniente (a cualquier tipo de cambio, en un mercado libre), que vender en el futuro a “precio internacional con descuento”, suponiendo similares precios internacionales.
A los precios externos actuales, y suponiendo un traslado pleno de la baja de DEX a los precios internos, la soja pasa de USD 285 / ton a USD 385, es decir mejora en unos 100 dólares por tonelada aproximadamente. Como ya se mencionó anteriormente, habrá que esperar a ver si el mercado convalida una suba de esta magnitud, o se queda a medio camino.
Por otra parte, más allá del precio, en la decisión de comercialización influyen también factores como la urgencia de obtener fondos para cubrir gastos, ya sea personales o vinculados al negocio. En este sentido, una fracción importante de los productores ya había anticipado ventas de soja al 30 de junio, aprovechando la rebaja transitoria de retenciones previa, por lo que no se verían obligados a regresar al mercado de inmediato para financiar la cosecha fina o la siembra de granos gruesos de la próxima campaña. Pero al mismo tiempo, los precios relativos entre granos e insumos mejoran sensiblemente en estos 40 días de vigencia del esquema, gracias al aumento en dólares de los granos, lo que ofrece al sector una oportunidad favorable para la compra y el acopio de insumos.
Magnitud del costo fiscal directo
La magnitud del costo fiscal directo que asume el gobierno depende tanto del nivel total de DJVE que se alcance con el nuevo esquema (de si se llega o no al límite de USD 7.000 millones) como de la composición de la canasta de operaciones. Respecto a esta última, debe advertirse que 1 dólar declarado en operaciones de exportación de soja grano o de sus derivados tiene implícito un costo fiscal mayor que 1 dólar declarado de operaciones de exportación de cereales (de 0,24 o 0,26 centavos versus 0,095 centavos).
A continuación, se estima el costo fiscal asumiendo por simplicidad, momentum del año y relevancia, que entran al programa operaciones de exportación de solo tres productos: harina de soja, aceite de soja y maíz. Se toman precios FOB de exportación de referencia de estos productos antes mencionados, que se mantienen fijos para todas las operaciones y se consideran las alícuotas de derechos de exportación (DEX) vigentes antes de la baja.
Con esta información se calculan, para distintas combinaciones posibles de total de DJVE registradas y canastas posibles de participación soja – maíz, los montos de retenciones que el Estado dejaría de percibir.
Una aclaración importante es que los granos disponibles para comercializar son suficientes como para abastecer todas las canastas que se simulan; en los casos de canastas de exportación muy concentradas en operaciones con soja, se llega a consumir hasta el 80% de la soja disponible para comercializar, mientras que, en las canastas más concentradas en maíz, se llega al 95% de la mercadería disponible.
Los resultados muestran que el costo fiscal es sensible al nivel de DJVE alcanzado y la composición de la canasta. Si se alcanza el tope máximo de USD 7.000 millones de DJVE, el sacrificio fiscal oscilaría entre los 0,25% del PIB (si en la canasta predominan completamente los subproductos de soja) y 0,18% (si aumenta hasta el 44% la participación de las operaciones de exportación de maíz en las DJVE totales). En escenarios de menor volumen, el impacto se reduce en forma proporcional: con USD 6.000 millones de DJVE, el rango es 0,22%–0,16% del PIB; con USD 5.000 millones, 0,18%–0,13%; y con USD 4.000 millones, 0,14%–0,10% del PIB.
Las simulaciones presentadas reflejan únicamente el costo fiscal directo y de corto plazo de la medida. No obstante, corresponde señalar que una fracción de dicho costo se traduce en un incremento de los márgenes de las explotaciones agropecuarias, lo cual amplía la base imponible del Impuesto a las Ganancias y otros impuestos. En consecuencia, una parte importante del costo inicial será compensada mediante una mayor recaudación por este tributo.
¿Cómo quedará la oferta neta de dólares?
El objetivo central de la reducción temporaria de derechos de exportación es incrementar la oferta de divisas en el mercado cambiario y, de ese modo, contener la presión alcista observada recientemente, en un contexto de restricción de liquidez externa y de un esquema cambiario que exige intervención del BCRA para sostener la banda superior.
No obstante, el efecto neto dependerá del destino que los productores y exportadores asignen a los pesos obtenidos por la comercialización de granos. En la medida en que dichos fondos se orienten a la dolarización inmediata —posibilidad vigente para personas físicas—, la mayor oferta de divisas podría verse parcialmente compensada por un incremento de la demanda en el MULC. También podría suceder que la dolarización se realice vía los mercados financieros, observándose entonces una posible ampliación de la brecha cambiaria hasta tanto dure el programa. Alternativamente, si los recursos se destinasen a activos financieros en pesos, la adquisición de insumos o bienes de capital, la realización de inversiones productivas o consumo en el mercado interno, el impacto será diferente y la medida tendrá resultados más acordes a los deseados, contribuyendo a incrementar la oferta neta de dólares.
Por otra parte, la novedad del inédito apoyo económico financiero que ofrece el gobierno de Estados Unidos al país disminuye las expectativas de corrección cambiaria a corto plazo y con ello reduce los incentivos a convertir, al menos rápidamente, los pesos recibidos en la comercialización de los granos en divisa extranjera.
Impacto sobre los consumos internos
El aumento en la cotización interna de los granos eleva los costos de producción en actividades que dependen de ellos como insumo principal —entre ellas, la producción animal en sistemas intensivos, los tambos, la molienda y la elaboración de biocombustibles—, generando presiones adicionales sobre los precios de dichos bienes, varios de los cuales tienen un peso significativo en la canasta del consumidor. No obstante, el impacto final sobre los precios internos dependerá de la magnitud efectiva del traslado, condicionado por la reciente baja del tipo de cambio oficial y por otros factores que inciden en la formación de precios en el mercado.
Ahora bien, debe señalarse que la reducción y eliminación definitiva de los derechos de exportación resulta inevitable, en la medida en que se desee liberar de esta carga tributaria al principal sector generador de divisas del país; es decir, no es sostenible una política que grava al sector primario para transferir recursos a las actividades de engorde animal o a los consumos industriales de granos. En los países con los que Argentina compite en exportaciones agroindustriales este tipo de mecanismos no se utilizan; cuando existen políticas de apoyo, suelen instrumentarse mediante herramientas específicas y no a través de la alteración de los precios de mercado. Por tanto, avanzar hacia un esquema en el que los consumos internos enfrenten el precio internacional de las materias primas constituye un objetivo deseable, tanto por razones de asignación eficiente de recursos como por la necesidad de evitar subsidios cruzados dentro de una misma cadena productiva.
Apreciaciones finales
La reducción de retenciones constituye, en sí misma, una buena noticia. La baja de impuestos mejora el resultado económico de las empresas agropecuarias (al menos de aquellas que contaban con granos en stock, probablemente la mayoría de ellas) y genera mayor confianza respecto del futuro de la actividad y el tratamiento que puede recibir por parte del gobierno en materia tributaria.
Dado que el programa implica una significativa mejora de los precios internos de los granos, medidos en moneda dura, es probable que sea muy efectivo en su objetivo y que se llegue al límite de presentaciones establecidas (DJVE de USD 7.000 millones). Nótese que será la primera vez, en al menos los últimos 40 años, que los precios internos convergerán con los precios internacionales, al no haber restricciones cuantitativas sobre volúmenes ni impuestos específicos en el mercado de exportación.
Sin embargo, las ventajas de este tipo de medidas se ven limitadas en sus efectos positivos cuando son transitorias y poco previsibles.
En este sentido, como ya se ha mencionado en otras oportunidades, lo deseable sería avanzar hacia un esquema de reducción y eliminación del impuesto definitivo, previsible y consistente, que facilite la planificación, maximice los efectos positivos sobre otras producciones (proveedores de insumos, equipos) y otorgue también a las actividades que se encuentran aguas abajo en la cadena de valor, el tiempo necesario para adaptar modelos de negocio y estrategias al nuevo escenario de precios relativos (ver PAL 101: Propuesta para la eliminación de las retenciones).
Franco Artusso y Tobías Lucero
Responsables de la sección Agroindustrial.
