Más juicios y menos siniestros: una desconexión que encarece el empleo
La litigiosidad laboral volvió a convertirse en un factor que condiciona la generación de empleo formal. Los datos recientes muestran un retorno a niveles de judicialización cercanos a los que motivaron la reforma de 2017, borrando en pocos años los avances logrados tras la sanción de la Ley 27.348. La evolución del sistema vuelve a exhibir nuevamente una desconexión, evidenciando menos siniestros, pero más juicios, lo que genera incertidumbre operativa, costos crecientes para las empresas y presiones sobre las alícuotas del seguro.
Entre 2021 y 2025, el número de demandas judiciales por accidentes y enfermedades laborales experimentó un marcado rebote, estimando al cierre de 2025 alrededor de 125.000 presentaciones, volumen semejante al máximo histórico de 2017. Este incremento se da en un contexto donde la siniestralidad descendió, lo que confirma que el motor del fenómeno no está en la ocurrencia de accidentes, sino en la estructura de incentivos del sistema pericial y judicial de cada provincia.
La evidencia muestra que la litigiosidad no se distribuye de manera homogénea en el territorio. Las tasas de juicios iniciados por cada mil trabajadores presentan grandes diferencias: van desde 0,1 casos en Salta, hasta 24 y 23 juicios por mil asegurados en Santa Fe y San Luis, respectivamente. La consecuencia es un fenómeno de arbitrariedad territorial que erosiona el principio de igualdad ante la ley y profundiza la incertidumbre económica.
Considerando las nueve jurisdicciones que concentran cerca del 80% de los juicios del sistema, se observa que en la mayoría hubo más juicios en 2025 respecto de 2024. Los incrementos son particularmente marcados en Santa Fe, San Luis y Chubut.
Los procedimientos que se aplican en las justicias provinciales para efectuar las pericias médicas son centrales para comprender el problema. En varias provincias aún rige un esquema en el cual el perito judicial surge por sorteo de una lista de médicos inscriptos para realizar pericias. En algunos casos —aunque no en todos—los honorarios de los peritos judiciales no están fijados en función del trabajo realizado, sino que se calculan como porcentaje de la incapacidad determinada, lo que genera una tendencia sistemática al sobrediagnóstico. A esto se agrega que muchas veces son profesionales que no cuentan con especialización en la valuación del daño laboral ni capacitación específica en la temática y no existen mecanismos sistemáticos de monitoreo de su desempeño. Pero la distorsión más grave la genera el hecho de que el procedimiento vigente los obliga a efectuar una nueva evaluación del trabajador en lugar de revisar el dictamen previo de la Comisión Médica.
La Ley 27.348 buscó corregir esta falla mediante la creación de Cuerpos de Peritos Médicos (CPM) integrados por médicos seleccionados por concurso, especializados y capacitados, con un esquema adecuado de remuneración, sujetos a monitoreo y con procedimientos que los obligan a revisar técnicamente el dictamen de la Comisión Médica. Sin embargo, la implementación de la ley fue muy parcial. En la mayoría de las provincias se mantienen condiciones que incentivan a litigar.
El impacto económico de este comportamiento es significativo. La cuota que las empresas pagan a las ART (expresadas como porcentaje de la masa salarial) combina dos componentes: el riesgo real de la actividad y el costo esperado de litigiosidad. Cuando este último crece y se desacopla de la siniestralidad, termina dominando la estructura de costos del seguro. Así, las empresas argentinas terminan pagando menos por accidentes reales y más por riesgo judicial. El resultado es que las alícuotas vienen creciendo al punto que en agosto ya llegó a 2,9% de la masa salarial.
Entre 2010 y 2016, mientras la siniestralidad caía, la alícuota promedio del sistema subió de 3,20% a 3,46% de la masa salarial. Tras la reforma de 2017, y con la reducción de juicios, las alícuotas iniciaron un descenso consistente. Pero desde 2021/2022, con el retorno de la litigiosidad, las primas volvieron a presionar al alza impulsadas por la masificación de juicios que distorsiona la lógica actuarial del sistema. Se estima que actualmente los juicios insumen aproximadamente un tercio de la alícuota, amenazando la sustentabilidad de la cobertura.
El aumento de las alícuotas justifica la preocupación y reclamo de los empleadores. Pero en la medida en que estos incrementos alcanzan para cubrir sólo parcialmente el impacto financiero de la judicialización la sostenibilidad del sistema se está erosionando. Las recientes disposiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación estableciendo, ante una situación de déficit financiero, una inhibición general de bienes sobre una ART alerta sobre posibles riesgos sistémicos.
