Monotributo y el espejismo del “yo pago mis impuestos”
El monotributo lleva 27 años operando en Argentina desde su creación en 1998 con la Ley 24.977. Para millones de pequeños contribuyentes, es la forma más visible de “pagar sus impuestos” y por eso se lo asocia con formalidad y cumplimiento. Sin embargo, detrás de esa percepción se esconde un régimen que aporta mucho menos de lo que la mayoría imagina, especialmente en materia previsional.
El esquema unifica en una cuota mensual fija el pago de IVA y Ganancias, a la que se suman los aportes previsionales y de obra social. Fue concebido como un mecanismo para simplificar el cumplimiento tributario de pequeños comerciantes, profesionales y productores, permitiéndoles reunir en un solo pago obligaciones impositivas y previsionales, junto con el acceso a cobertura médica.
El componente impositivo se organiza en 11 categorías según ingresos brutos anuales (y en el caso de locaciones o prestaciones de servicios, en 8 tramos). A noviembre de 2025, los montos correspondientes arrancan en $4.183 mensuales para la categoría A y escalan hasta $306.724 mensuales en la categoría H.
Los datos muestran que más del 80% de los inscriptos se concentra en las tres categorías inferiores, con escasas recategorizaciones y poca migración hacia el régimen general (Responsables Inscriptos). Esta dinámica derivó en fenómenos de subdeclaración y permanencia crónica en los tramos bajos, conocidos en la literatura como “enanismo fiscal”, con impacto directo en la base imponible de IVA y Ganancias.
Tras casi tres décadas de vigencia, la evidencia muestra que el Monotributo se consolidó como un régimen masivo (más de 2,1 millones de aportantes al SIPA), pero con una intensidad contributiva muy baja. La estructura de incentivos quedó desalineada y los efectos sobre la sustentabilidad del sistema previsional empiezan a ser evidentes. En la práctica, el esquema terminó funcionando como una formalidad de bajo costo, accesible y extendida, pero también como una modalidad de aporte reducido, con impactos previsionales que implican un elevado costo fiscal encubierto.
En materia previsional, el aporte jubilatorio varía según la categoría. Desde agosto de 2025, va desde $13.663 mensuales en la categoría A hasta $43.129 en la categoría H. Estos montos otorgan derecho a la Prestación Básica Universal (PBU) y permiten computar años de servicio dentro del SIPA. Sin embargo, aun con esta progresividad, están considerablemente por debajo de lo que aportan autónomos y asalariados formales.
Como consecuencia, la mayoría de quienes cotizan bajo este régimen terminan accediendo a la jubilación mínima, profundizando un desacople estructural entre aportes y prestaciones. Para dimensionar la brecha, con los montos de junio de 2025 se requería el aporte de casi 28 monotributistas para financiar una jubilación mínima con bono ($374.724). El aporte promedio es de apenas $13.519.
La magnitud del desajuste contributivo entre regímenes es contundente. Mientras que un trabajador en relación de dependencia aporta en promedio el 11% de su salario y un autónomo alrededor del 5%, un monotributista apenas aporta el 0,9% en términos equivalentes. Esta contribución casi simbólica explica por qué el monotributo genera trayectorias previsionales extremadamente débiles y por qué quienes pasan buena parte de su vida laboral dentro de este esquema no logran acumular aportes suficientes para acceder a una jubilación mayor.
En la práctica, el monotributo produce un fenómeno análogo al de las moratorias previsionales, con prestaciones desvinculadas de los aportes efectivamente realizados, trasladando hacia el futuro un costo creciente para el sistema previsional. Si bien, el régimen opera como una formalidad que ordena la actividad, no construye derechos equivalentes a los de un régimen de relación de dependencia o contributivo pleno.
Otra cuestión relevante que profundiza este problema, es que el régimen de Monotributo muestra un proceso de envejecimiento. La baja participación de jóvenes indica que la puerta de entrada al mercado laboral ya no es este régimen, sino la informalidad. Mientras tanto, el grueso de los aportantes se concentra en el tramo etario más productivo, entre 30 y 49 años, que explican casi la mitad del total de adherentes.
Se trata de personas que se encuentran en una etapa clave para acumular densidad de aportes previsionales, pero que lo hacen dentro de un esquema que, por su diseño, genera contribuciones muy bajas y prestaciones futuras subsidiadas. Esta combinación de aportes insuficientes y trayectorias laborales prolongadas también anticipa un aumento estructural del gasto previsional, cuya magnitud será más significativa a medida que la demografía ejerza mayor presión sobre el sistema.
A nivel nacional, alrededor del 10% de los ocupados aporta bajo este esquema, pero algunas jurisdicciones duplican ese valor. CABA, con un 20% de sus ocupados como monotributistas, encabeza el ranking y refleja un mercado laboral orientado a servicios profesionales e independientes. Le siguen Entre Ríos (15%), Córdoba (12%), Santa Fe y La Pampa (11%).
En el otro extremo, las provincias del norte presentan incidencias mucho menores: Tucumán (3%), Santiago del Estero y Jujuy (4%), La Rioja y Catamarca (5%). Allí el problema no es la baja contribución del monotributo, sino la alta informalidad y la menor densidad de actividades profesionales o de comercio formal de pequeña escala.
El mapa territorial muestra dos caras de un mismo problema contributivo. Mientras que en algunas regiones predomina una formalidad de baja intensidad, en otras directamente la ausencia de formalización. Aunque sus orígenes son distintos, ambas dinámicas anticipan presiones crecientes sobre el sistema previsional.
Laura Caullo y Guadalupe Galíndez
Responsables de la sección Social-Laboral
