Una herramienta para motorizar el financiamiento PyME en riesgo: las SGR

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Una herramienta para motorizar el financiamiento PyME en riesgo: las SGR

Las empresas de menor envergadura enfrentan restricciones en el acceso al crédito en cualquier economía, y más aún en una economía con escaso crédito como es la argentina. El crédito al sector privado, aunque viene creciendo fuertemente de la mano de la estabilidad de precios y el mejoramiento de las condiciones macroeconómicas, alcanza apenas 7% del PIB, cuando en países vecinos ese guarismo puede multiplicarse por 10 (comparado con Brasil) o por 15 (Chile).

El problema de acceso que afecta a las empresas más pequeñas se explica por diversos motivos: la baja escala implica menor capacidad administrativa, la existencia de registros contables grises, la muy alta informalidad laboral, el menor acceso a la información, y también el hecho que para quienes ofrecen créditos puede resultar una tarea más compleja, riesgosa y costosa prestarle a MiPyMEs, en términos relativos, que prestarles a empresas de mayor envergadura (hay costos fijos en el proceso crediticio).

Para morigerar estos problemas, suelen ensayarse diferentes estrategias que combinan regulaciones diferenciadas, programas de intervención directa en el otorgamiento de créditos o en su costo o a través de avales, y mecanismos tributarios. En Argentina uno de los programas relevantes en la materia es el fomento de la existencia de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) que otorgan avales a las empresas, facilitando el acceso al crédito, tanto en el mercado de capitales como en el sistema bancario.

El sistema de SGR fue creado por la Ley 24.467 en 1995, como parte la ley PyME en Argentina. Actualmente se compone de 46 instituciones de que operan captando fondos de inversores protectores y brindando avales para el financiamiento. Al contar con una garantía emitida por una SGR, las MiPyMEs pueden acceder a mejores tasas de interés y plazos más convenientes para créditos, cheques o pagares, destinados tanto a inversiones productivas como a capital de trabajo. Entre las principales ventajas del sistema se destaca que las firmas avaladas tienden a obtener financiamiento 25% más barato y que las firmas bajo estos avales tienden a ser mayores generadoras de empleo que las que no participan de esta actividad (según informe de CASFOG).

Estas entidades están integradas por Socios Protectores, quienes aportan al Fondo de Riesgo que respalda las garantías otorgadas y Socios Partícipes que son las MiPyMEs beneficiarias de dichas garantías. En caso de incumplimiento, la SGR responde ante los acreedores utilizando ese fondo, lo que brinda mayor seguridad al sistema y promueve la inclusión financiera. En el último año, los avales otorgados por las SGR se destinaron 38% a préstamos bancarios, 54% a cheques de pago diferido y 7% a pagaré bursátil.

En la ley 27.791 posteriormente derogada por el Poder Ejecutivo se incluyó la eliminación del beneficio fiscal que gozan las personas jurídicas que contribuyen con aportes de capital a las SGR. Quienes invierten en estos fondos de riesgo obtienen a cambio la posibilidad de deducir del impuesto a las ganancias los fondos aportados, comprometiéndose a mantener la inversión al menos dos años para ello, y también pueden obtener eventuales ganancias de las inversiones que realiza la SGR.

El costo fiscal estimado de esta deducción es de 0,02% del PIB, de acuerdo con cifras de la Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía (que agrupa a las SGR y a fondos de garantía en el país), lo cual refleja que se trata de un programa muy pequeño en términos presupuestarios, pero importante en términos de su representatividad para la situación de acceso al crédito de las empresas más pequeñas. A continuación, se refleja la magnitud que representa para la actividad crediticia y en particular para el segmento MiPyME.

En el mes de mayo de 2025, el monto otorgado en avales por el sistema de SGR alcanzó los US$ 2.500 millones, según la información difundida por SEPyME. Debido a que las SGR tienen la obligación de asistir principalmente a empresas de pequeña envergadura, es por ello que 9 de cada 10 avales otorgados corresponden a micro y pequeñas empresas. Se estima que una de cada tres MiPyMEs que obtienen financiamiento bancario, lo hace a través de un aval de SGR.

Las MiPyMEs avaladas durante el mes de junio 2025 correspondieron 31% al sector comercial, 25% a servicios, 21% a industrias, 18% al sector agropecuario y 4% a construcción y el resto a minería, reflejando que los beneficios de este sistema se difunden de manera horizontal en la economía. Por su parte, el total de MiPyMEs asistidas alcanzó este año las 43.000 firmas, lo que representa alrededor de 8% del total de empresas en el país.

La quita de la exención de los aportes de capital en el impuesto a las ganancias incrementaría el costo del crédito asociado, ya que debilitaría los flujos de ingresos de este sistema que durante muchos años ha demostrado ser efectivo para facilitar el crédito entre las empresas MiPyMEs. El sistema de SGR, si bien tiene gasto tributario asociado (una resignación de recaudación) cumple el rol de mitigar una deficiencia habitual que afrontan las PyMEs al requerir financiamiento y sus estadísticas reflejan la importancia que tiene para los segmentos empresariales.

El desarrollo de herramientas para mitigar el bajo acceso al crédito MiPyME debería considerarse prioritario incluso en tiempos de estabilidad y con una macroeconomía ordenada, debido a que la deficiencia de acceso al financiamiento se explica por fallas de mercado.

Por otro lado, la recomendación encuentra más soporte si se tiene en cuenta el bajísimo nivel de crédito que ostenta Argentina en general, y sumado a que el sector productivo aún se encuentra sobrellevando una fuerte transición para la que el financiamiento es un recurso fundamental. La eliminación de este régimen de exención, en el contexto actual, no resulta oportuna, y afectaría de manera directa al acceso al financiamiento de las empresas más vulnerables.