¿2025 el año de la reforma previsional?
El sistema previsional argentino atraviesa desafíos estructurales que trascienden lo social y se convierten en una de las principales preocupaciones desde el punto de vista de la sostenibilidad fiscal. El noveno punto del Acta de Mayo, firmada en Tucumán, destacó la necesidad de una reforma previsional como parte de una agenda estratégica para 2025. Este llamado no sólo reconoce la fragmentación actual del sistema, sino que también resalta su impacto sobre la equidad, la transparencia y la sostenibilidad de las cuentas públicas.
La fragmentación del sistema previsional genera una desarticulación que se manifiesta en tratamientos desiguales para personas en situaciones equivalentes, información dispersa y privilegios injustificados. Estas falencias se traducen en inequidades, una falta de sostenibilidad financiera y carencias de transparencia que afectan tanto la confianza social como la eficiencia del sistema.
En términos fiscales, el gasto previsional en 2024 representó el 6,6% del PBI, siendo en el principal componente del gasto público, mientras que en 2023 había alcanzado el 7,3%. Esta caída en la partida presupuestaria respecto al año anterior se explica principalmente por la fuerte licuación de los haberes durante los primeros meses del año. Además, la implementación de la fórmula mensual por IPC, que comenzó a regir por decreto, acentuó la erosión del poder adquisitivo, aunque con una tendencia más suave, perpetuando la licuación de los haberes a lo largo de los próximos años.
Dentro de este esquema, las moratorias previsionales, implementadas inicialmente en 2005 y extendidas entre 2007 y 2014, han sido fundamentales para garantizar niveles elevados de cobertura. Estas permitieron que individuos sin los aportes requeridos accedieran a jubilaciones mínimas mediante descuentos en cuotas, incorporando más de 3 millones de beneficiarios entre 2007 y 2014. En 2024, las jubilaciones por moratorias representaron el 60% del total de beneficios del SIPA, con un costo equivalente al 1,8% del PBI, es decir, el 30% del total de gasto previsional.
No obstante, la proximidad del vencimiento del Plan de Pago de Deuda Previsional, en marzo de 2025, plantea un reto ineludible. En 2024 el 73% de los nuevos beneficios, fueron otorgados a través de moratorias, por lo que su eliminación bajaría sustancialmente las altas en el sistema previsional, lo que representaría un importante alivio fiscal.
Sin embargo, sin una solución alternativa, el sistema previsional podría continuar perpetuando desigualdades. No renovar las moratorias implicaría que quienes no alcancen el mínimo de aportes queden cubiertos por la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Este beneficio, equivalente al 80% del haber mínimo, asegura un ingreso básico, pero introduce distorsiones significativas al no diferenciar entre quienes han aportado durante décadas y quienes no lo han hecho. Por ejemplo, un trabajador que realizó 29 años de aportes recibe el mismo monto que alguien que jamás contribuyó, desincentivando así la formalidad laboral.
En este contexto, el no tomar acción sería aceptar la perpetuación de viejos problemas como las desigualdades, la baja densidad de aportes en un mercado laboral marcado por la informalidad y trayectorias laborales inestables y la elevada litigiosidad que caracterizan al sistema previsional actual.
Por ello, es fundamental que el gobierno transforme esta coyuntura en una oportunidad para ordenar integralmente el sistema previsional. Un diseño renovado debe priorizar la sostenibilidad fiscal y la inclusión social, articulando mecanismos que incentiven los aportes formales y fortalezcan la equidad intergeneracional. Algunas alternativas podrían incluir escalas progresivas en los beneficios de la PUAM según los años de aporte, eliminación de regímenes especiales y revisión de pensiones duplicadas entre otros temas centrales. Lo interesante que en marzo hay que tomar la decisión. Habrá presiones para volver a renovar las moratorias con se viene haciendo desde hace casi 20 años. Lo bueno seria aprovechar esa instancia para no sólo no renovarlas (tema que genera un gran alivio fiscal) sino hacer un ordenamiento integral.
El desafío que enfrenta el sistema previsional argentino exige algo más que medidas paliativas. Se trata de una oportunidad histórica para redefinir las reglas del juego y construir un sistema que garantice derechos, promueva la equidad y asegure su sostenibilidad en el tiempo. El camino no será sencillo, pero con visión de futuro y decisión política, es posible sentar las bases de un esquema previsional que esté a la altura de las necesidades del país.
Laura Caullo
Investigadora responsable Área de Empleo y Política Social
