Proyecto de Presupuesto 2027

Monto presupuestado

El Proyecto propone asignar a transferencias monetarias a las familias con hijos el equivalente a 1% del PIB (ver Gráfico 1). La parte más importante corresponde al componente no contributivo (AUH, Asignación por Embarazo y Ayuda Escolar Anual), que absorbe poco menos de dos tercios del total del programa Asignaciones Familiares. El tercio restante de las erogaciones corresponde a las asignaciones contributivas de trabajadores formales y jubilados.

Con el crédito fijado en el Proyecto, el gasto en AUH alcanzaría el 0,63% del PIB en 2027, por encima del 0,59% de 2026 y del promedio histórico de 0,51%. En sentido contrario, para el componente contributivo se contempla 0,36% del PIB, es decir por debajo del promedio histórico (0,58% del PIB).

En relación a la AUH, el Proyecto da continuidad a la estrategia iniciada en 2024 basada en sostener la cobertura y mejorar el poder adquisitivo de la prestación. Se prevén 4,14 millones de beneficiarios, prácticamente la misma cantidad que en 2026, de manera que el mayor gasto proyectado responde principalmente al incremento del valor de las prestaciones. Tras tocar su piso en diciembre de 2023 ($71.618 a precios de septiembre de 2026), el monto de la AUH se duplicó en enero de 2024 y alcanzó $143.427 en junio de ese año. Desde entonces, la actualización automática por movilidad sostuvo su poder adquisitivo y en septiembre de 2026 llegó a $154.031, el valor real más alto desde la creación del programa en 2009 (ver Gráfico 2).

La recomposición de la AUH tiene implícito un cambio en las prioridades en la política social (ver Gráfico 3). Entre 2023 y 2027 las transferencias dirigidas a hogares con niños (principalmente Asignaciones Familiares, AUH, AUE y Tarjeta Alimentar, junto con otros programas de menor magnitud) pasaron del 48% al 81% del total de las transferencias sociales nacionales. En contrapartida, los programas dirigidos a jóvenes y adultos, como Volver al Trabajo, el Seguro de Desempleo y las becas PROGRESAR, redujeron su participación del 52% al 19%. Para 2027 se proyecta que ocho de cada diez pesos destinados a transferencias monetarias se dirigirán a hogares con niños y dentro de ese gasto el peso de la AUH aumentó del 31% al 51%.

La relevancia de estos recursos también se refleja en su impacto distributivo. Según una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), si en 2025 no hubieran existido la AUH, la Prestación Alimentar y el Apoyo Alimentario del Plan 1.000 Días, la tasa de pobreza hubiese sido 10 puntos porcentuales más alta y la indigencia, un 82% mayor.

Movilidad

La principal innovación normativa del Proyecto en materia de asignaciones familiares se encuentra en su artículo 17, que propone derogar los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley 27.160. Estas disposiciones, que rigen desde 2015, regulan la actualización automática de todo el régimen de asignaciones familiares, contributivo y no contributivo, tanto de los montos como de los topes y rangos de ingreso que definen cada tramo.

El Proyecto no prevé un mecanismo que la reemplace, es decir, de aprobarse, la actualización quedaría sujeta a decisiones del Poder Ejecutivo. La misma derogación figuraba en los Proyectos de Presupuesto 2025 y 2026, y en ambos casos el Congreso no la aprobó.

El contexto es que las prestaciones sociales absorben una proporción muy alta del total de las erogaciones y, al actualizarse automáticamente, se reducen los grados de libertad para administrar el gasto. El Mensaje de remisión del Proyecto alerta que estas prestaciones ya representan el 68% del gasto primario, frente al 54% en 2023. Asumiendo la elevada rigidez que impone un alto y creciente gasto previsional, eliminar la movilidad de las asignaciones familiares permitiría recuperar cierto margen de flexibilidad para adecuar las erogaciones a la disponibilidad de recursos.

La contrapartida es que implicaría volver a un esquema que mostró, en su ejecución práctica, muchas debilidades. Antes de la Ley 27.160, los montos se fijaban por decreto y su actualización dependía más de la situación fiscal o del calendario electoral que de la inflación. La Tarjeta Alimentar, que nunca tuvo una regla de actualización, es un ejemplo de ese patrón. Volver a un esquema discrecional implicaría el riesgo de que los montos pierdan poder adquisitivo o que sus aumentos respondan a decisiones coyunturales en lugar de seguir criterios previsibles.

El punto más crítico es que no solo no resuelve el problema que genera las diferencias entre las prestaciones contributivas y no contributivas, sino que existe el riesgo de que se profundicen (ver Recuadro I). El compromiso oficial es sostener la cobertura de AUH y Tarjeta Alimentar en torno al 95% de la Canasta Básica Alimentaria, pero no existe un resguardo equivalente para las asignaciones contributivas. Sin movilidad regulada por ley, existe la posibilidad de que la brecha entre la AUH y la asignación por hijo que recibe un trabajador formal se amplíe de manera que se potencien los incentivos en favor del trabajo informal.

Alternativas para mejorar el régimen de asignaciones familiares

El tema de la actualización es controversial, ya que se contraponen dos objetivos de políticas públicas. Mantener la automaticidad en la actualización del monto de las asignaciones quita flexibilidad en la administración presupuestaria, mientras que eliminarla genera los riesgos de que un manejo discrecional reduzca la eficacia social del programa.

Más clara es la necesidad de corregir las diferencias entre los regímenes contributivo y no contributivo, asumiendo que reducir el trabajo informal es un objetivo de alta prioridad. La meta debería ser converger hacia una prestación única por hijo, determinada por el ingreso del hogar y no por la condición laboral de los padres. De esta manera se eliminarían los desincentivos a la formalización producto de la brecha entre AUH y asignación por hijo que reciben los trabajadores registrados.

La convergencia en el monto de la prestación tiene asociado un costo fiscal que debe ser dimensionado y considerado, particularmente en un contexto de cuentas públicas muy ajustadas. En este sentido, una primera aproximación lleva a impactos fiscales abordables.

Tomando información de la EPH para el primer trimestre de 2026,¹ elevar la asignación familiar contributiva del primer tramo al valor de la AUH ($64.565 adicionales por hijo por mes, considerando los montos de ese periodo) generaría un costo en el entorno del 0,02% del PIB. Se trata de una primera aproximación, acotada a los trabajadores registrados y monotributistas de menores ingresos. Obviamente que una equiparación general entre ambos regímenes implicaría costos más elevados.

Una alternativa para compensar este aumento en las erogaciones es mejorar la focalización de la AUH. Según la EPH, uno de cada cinco hijos en hogares que perciben AUH vive en un hogar que no sería pobre aun sin la transferencia. Este resultado sugiere que existen márgenes para revisar los criterios de elegibilidad y orientar una mayor proporción de los recursos hacia los hogares de menores ingresos. Bajo un escenario teórico de focalización perfecta, el ahorro podría acercarse al 20% del gasto en AUH.

Planteado de esta manera, en lugar de centrar la discusión legislativa en el tema de la movilidad del cual es difícil llegar a una alternativa no controversial, es recomendable prestar atención a otros aspectos del régimen donde claramente hay oportunidades de mejora. Estableciendo por ley reglas orientadas a fortalecer la focalización de las prestaciones, estableciendo criterios de elegibilidad vinculados con los ingresos y la composición de los hogares, se podrían generar los ahorros suficientes como para avanzar en la eliminación de la brecha entre la AUH y la asignación familiar que tienen derecho los trabajadores formales.

A esto cabe agregar que la dinámica demográfica ofrece también márgenes para financiar la convergencia. La caída de la natalidad reduce sostenidamente la población menor de 18 años, que pasaría de 13,2 millones en 2025 a 7,3 millones en 2070. Si se mantienen constantes la cobertura y el valor real de la prestación, solo este efecto reduciría el gasto en AUH en torno a un 20% en términos reales entre 2027 y 2035.

Otro punto que merece tomar en consideración a los fines de mejorar el funcionamiento del régimen es el mecanismo que la ANSES aplica para el control de las condicionalidades, es decir el pago del 20% de la prestación que queda sujeto a que la familia acredite que los hijos están matriculados en la escuela, correctamente vacunados y se hacen los chequeos médicos. El mecanismo tradicional para verificar el cumplimiento de estos requisitos es la libreta de la seguridad social, un instrumento obsoleto que genera una alta carga administrativa y permite escasa capacidad de control. Un indicio de su ineficacia son los bajos niveles de cobertura en materia de vacunación.

Desde 2025, la verificación comenzó a realizarse mediante el cruce automático de registros entre organismos (Resoluciones 1170/2025 y 508/2026). Un impulso en favor de acelerar este proceso es fijar por ley la obligatoriedad de que las verificaciones se materialicen en base a cruces de bases de datos. Esto implica que las familias no sean obligadas a peregrinar entre la oficina de la ANSES, escuela y establecimiento sanitario completando y presentando formularios, sino que cobren de manera automática gracias a que la acreditación se haga en función de las bases de datos del sistema educativo y de salud.

Reflexiones finales

El Proyecto sostiene el esfuerzo fiscal en la AUH, que alcanzaría el 0,63% del PIB y confirma la prioridad que la política social otorgó a los hogares con niños desde 2024. Esa decisión fue eficaz para proteger a los hogares más vulnerables y es positivo mantenerla.

La principal definición del Proyecto, sin embargo, es la derogación de la movilidad automática del régimen de asignaciones familiares. Aunque esta medida permitiría recuperar flexibilidad en la administración presupuestaria, también reintroduciría riesgos de discrecionalidad y pérdida del poder adquisitivo. Por el carácter alimentario de estas prestaciones, resulta recomendable conservar su actualización automática y buscar márgenes de flexibilidad fiscal en otros componentes del gasto.

Al mismo tiempo, la discusión presupuestaria ofrece una oportunidad para mejorar la eficiencia de los recursos asignados. La brecha entre la AUH y las asignaciones de los trabajadores registrados penaliza la formalización justamente en los hogares de menores ingresos. Avanzar hacia una prestación única por hijo, definida por el ingreso del hogar y no por la condición laboral de los padres, tiene un costo fiscal que podrá compensarse con una mejor focalización de la AUH. La caída de la natalidad amplía ese margen presupuestario en los próximos años. Por otro lado, fijar por ley directrices que aceleren el proceso de modernización de los mecanismos que utiliza la ANSES para instrumentar los controles de salud y educación permitiría mejorar los resultados de los recursos invertidos.