El Presupuesto no plantea cambios importantes respecto a los criterios que se vienen aplicando los últimos años. Continúa el ajuste sobre las transferencias discrecionales y, con supuestos optimistas, prevé aumentos en las transferencias automáticas. Se sigue posponiendo el ordenamiento de temas medulares como las cajas previsionales provinciales y la infraestructura vial.
Interrelación con las finanzas provinciales
¿Qué aspectos del proyecto de presupuesto nacional tienen mayor incidencia en las finanzas provinciales? La más directa y de mayor importancia se da por el lado de los ingresos a través de dos vías:
- Transferencias automáticas. Consisten en la distribución de parte de la recaudación de impuestos nacionales, aplicando las reglas previstas en la normativa que determinan la proporción que debe transferirse diariamente a cada jurisdicción. Estos recursos pueden ser de libre disponibilidad o destinarse a fines específicos. El rasgo más importante es que no se contemplan márgenes de discrecionalidad en la asignación de dichos recursos por parte de funcionarios nacionales, que deben limitarse a ejecutar lo que la normativa establece. El caso más conocido es el régimen de coparticipación federal de impuestos.
- Transferencias no automáticas. Son partidas del presupuesto nacional donde se determinan transferencias en dinero o en especie a las provincias en las que, según el caso, se contemplan márgenes de discrecionalidad para los funcionarios nacionales, ya sea para fijar el monto a transferir, la jurisdicción receptora, el destino de los recursos y/o el momento de la transferencia.
El impacto de estas transferencias sobre las finanzas provinciales es muy diferente entre jurisdicciones. Como marco de referencia general cabe tener en cuenta que las finanzas públicas provinciales, en el consolidado de jurisdicciones, muestran una situación de desequilibrio, de lo que se derivan márgenes de maniobra acotados (ver Recuadro I).
Según el Proyecto, el consolidado de 23 provincias y CABA exhibiría un déficit financiero de $0,53 billones en 2027, equivalente a 0,04% del PIB, cuando el año 2026 cerraría con un déficit de 0,3% del PIB, un desequilibrio similar al observado en 2025.
La mejora para 2027 se prevé en función de aumentos de gastos del 2% por sobre la inflación contra una recuperación de ingresos totales del 4%. Esta proyección de ingresos se basa en supuestos optimistas sobre el comportamiento de la actividad económica y la mejora en la administración tributaria. Por lo tanto, el panorama fiscal de las provincias, si bien es muy heterogéneo entre ellas, es de cuentas públicas muy ajustadas.
Transferencias automáticas a provincias
Según el Proyecto, el conjunto de provincias recibirá un 7,3% adicional de transferencias automáticas en 2027, en valores constantes (ver Tabla 1). Para el componente más importante, la Coparticipación Federal de Impuestos, se proyecta una suba del 7,1% por encima de la inflación. Por arriba del promedio se destaca un aumento proyectado del 48% de aumento en las transferencias a provincias que devienen del impuesto a los combustibles (ver Recuadro II).
| Concepto | Proyecto de Presupuesto 2027 | Variación % anual en valores constantes | Participación % en total de año 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Año 2026 | Año 2027 | |||
| Coparticipación federal | 72.167.896 | 93.615.532 | 7,1% | 90,0% |
| Compensación Consenso Fiscal | 3.329.277 | 4.417.094 | 9,6% | 4,2% |
| Impuesto a los combustibles | 1.607.577 | 2.887.155 | 48,3% | 2,8% |
| Bienes Personales | 1.648.640 | 1.465.102 | -26,6% | 1,4% |
| IVA y Bienes Personales para seguridad social | 708.533 | 839.001 | -2,2% | 0,8% |
| Régimen simplificado | 402.067 | 521.745 | 7,2% | 0,5% |
| Otros | 222.774 | 285.871 | 6,0% | 0,3% |
| Total | 80.086.764 | 104.031.500 | 7,3% | 100% |
De cumplirse las proyecciones del Proyecto, las transferencias automáticas a provincias crecerían más que la recaudación tributaria nacional en 2027 (7,2% versus 5,5%). Esto es consecuencia de que los impuestos coparticipables crecen más que los no coparticipables. Una situación similar ocurrió en 2025 y 2026, mientras que se dio la situación inversa en 2024. En el acumulado del período 2023 – 2027, según el Proyecto, las transferencias automáticas a provincias bajarían un 0,5% real, menor a la caída del 1,7% en la recaudación tributaria nacional (ver Gráfico 1).
De esta manera, según el Proyecto, las transferencias automáticas representarían un 33,8% de la recaudación tributaria nacional en 2027, levemente por encima del ratio de 33,3% que se observaría en 2026. Junto con los años 2001 y 2020, serían los periodos donde las provincias reciben de manera automática una mayor proporción del total de la recaudación nacional (ver Gráfico 2).
El Proyecto prevé para 2027 que la recaudación del impuesto a los combustibles y al dióxido de carbono aumente, hasta alcanzar 0,86% del PIB. Para llegar a ese monto será necesario aplicar una importante actualización en los montos fijos que se agregan como impuestos sobre el precio de los combustibles. Si esas actualizaciones se postergan, como podría ocurrir si el objetivo es moderar los precios de la nafta y el gas oil, la recaudación del impuesto y las transferencias a provincias serían menores.
En la distribución del impuesto se aplican varios criterios, derivando en un esquema complejo (ver Tabla II.1). Las provincias reciben de manera automática el 25,47% de la recaudación total del impuesto a los Combustibles con diferentes asignaciones específicas. Un 15,07% destinado a viviendas (FONAVI) y un 10,4% a servicios públicos (60% para Vialidad Provincial, 30% para Obras de Infraestructura y 10% para FEDEI1).
La Nación recibe, también mediante goteo diario y automático, un 10,4% de libre disponibilidad que va al Tesoro Nacional y un 28,69% destinado al financiamiento de la seguridad social que se envía a ANSES. El resto del impuesto es destinado a tres instrumentos que son administrados de manera discrecional por parte del gobierno nacional: Fideicomiso de Infraestructura de Transporte (28,58%), Fideicomiso de Infraestructura Hídrica (4,31%) y Compensación al Transporte Público (2,55%).
| Destino | Porcentaje Legal |
|---|---|
| Nación asignación automática | 39,09% |
| ANSES | 28,69% |
| Tesoro Nacional | 10,40% |
| Nación asignación no automática | 35,44% |
| Fideicomiso Infraestructura de Transporte | 28,58% |
| Fideicomiso Infraestructura Hídrica | 4,31% |
| Compensación Transporte Público | 2,55% |
| Provincias asignación automática | 25,47% |
| FONAVI | 15,07% |
| Vialidad Provincial | 6,24% |
| Obras de Infraestructura | 3,12% |
| FEDEI | 1,04% |
Este componente discrecional suscita fuertes reclamos de las autoridades provinciales. Las controversias giran en torno a dos hechos centrales: 1) que los subsidios subsistentes en materia de transporte se concentran mayoritariamente en AMBA; 2) que los fondos fiduciarios no ejecutan todos los recursos que disponen, lo que priva a las provincias de obras y otros programas. Por ejemplo, en el primer semestre de 2026, el Fideicomiso Infraestructura de Transporte ejecutó un 70% de los fondos ingresados, mientras que el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica ejecutó sólo un 56%.
El Proyecto mantiene pendiente una discusión general sobre las responsabilidades entre niveles de gobierno. Esta situación incide sobre un tema de alta trascendencia para el desarrollo, como es la expansión y el mantenimiento de la infraestructura. Es vital y urgente delimitar con precisión qué infraestructura estará a cargo del gobierno nacional (construcción y mantenimiento), ya sea con administración propia o concesionando a privados, y qué infraestructura estará a cargo de las provincias, incluyendo una porción actual de las funciones a cargo de la Nación, y prever un régimen financiero consistente.
Transferencias no automáticas
El Proyecto prevé darle continuidad al proceso de reducción de transferencias no automáticas a las provincias (ver Gráfico 3). Para 2027 se prevé una baja adicional para tales envíos, respecto a la inflación, del 6%. Si se toma como base de comparación 2023, la reducción alcanza al 83%. Particularmente intenso es el ajuste sobre las transferencias de capital, que prácticamente se eliminaron.
En la estrategia subyacen dos objetivos. Por un lado, la reducción de las transferencias a provincias es uno de los componentes más importantes dentro del proceso de ajuste fiscal nacional. Comparando el gasto total proyectado para 2027 respecto al registrado en 2023, el gasto primario baja en 5,6% del PIB. De esa reducción, el recorte sobre las transferencias no automáticas a provincias explica alrededor de un 14% del ajuste total. Si se toma como referencia el gasto primario provincial, en 2027 la reducción de las erogaciones totales fue del 1,9% del PIB respecto al nivel de 2023. Por lo tanto, un 40% del ajuste en el gasto provincial entre 2023 y 2027 se explicaría por la disminución en las transferencias discrecionales recibidas desde la Nación.
Por otro lado, la estrategia impacta sobre la organización del régimen federal ya que, en general, la reducción y eliminación de transferencias no automáticas implica que el Estado nacional deja de ejecutar acciones que se superponen con funciones que son responsabilidad de las provincias. Se trata de un avance parcial pero necesario hacia un ordenamiento que lleve a un funcionamiento más eficiente del sector público.
En términos operativos, el ajuste se concretó eliminando varios de los principales programas nacionales; como son los casos del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. Otros se mantuvieron, pero con nivel de ejecución más bajo. Entre ellos se destacan el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional2 (ver Recuadro III) y las transferencias a Cajas de Jubilaciones provinciales (ver Recuadro IV).
Evaluado en una perspectiva histórica, las transferencias no automáticas nunca tuvieron un nivel de ejecución inferior al actual (ver Gráfico 4). El promedio entre 2024 y 2027 (0,25% del PIB), es inferior inclusive a los mínimos registrados a comienzo de siglo (0,47% del PIB) y muy por debajo de los máximos valores que se dieron en 2009 y 2010 (2% del PIB).
Dentro de las transferencias de carácter no automático, se destaca el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Es un mecanismo previsto en la ley de coparticipación que se financia con el 1% de la masa coparticipable y cuya finalidad está establecida en la propia ley de manera muy genérica y ambigua: subsanar situaciones de emergencias y desequilibrios financieros en las provincias. Según el Proyecto, reuniría unos $1,59 billones en 2027 y se prevé transferir sólo $301.000 millones a provincias (18,6% del total). Es decir que más del 80% de los recursos que ingresan no se prevé ejecutar, por lo que terminan indirectamente financiando el Estado nacional.
El planteo del Proyecto implica darle continuidad a lo que viene ocurriendo en el presente ejercicio. Entre enero y octubre de 2026 se asignaron ATN a 15 provincias devengando apenas el 19,3% del total de los recursos que ingresaron al fondo. Pero, además, sin desconocer situaciones atípicas y diferentes grados de intensidad, la subejecución del fondo de ATN viene siendo una constante desde hace mucho tiempo (ver Gráfico III.1). Salvo situaciones excepcionales -que se dieron en los ejercicios 20103 (se aplicaron fondos por 0,7% del PIB, cuando ese año el fondo devengó un 0,18% del PIB) y 20204 (se aplicaron ATN por 0,25% del PIB, cuando ingresaron 0,13% del PIB)- la regla fue que se desembolsó una fracción menor de los ingresos, quedando la diferencia a disposición del gobierno nacional.
Dentro de las transferencias no automáticas, se destacan también las que realiza ANSES para financiar los sistemas provinciales de jubilaciones. Se debe recordar que 11 jurisdicciones traspasaron sus sistemas de jubilaciones a la Nación en la década del noventa (provincias del NOA, Cuyo, Río Negro y CABA), mientras que las restantes 13 provincias preservaron bajo su órbita sus sistemas previsionales (NEA, Pampeanas y mayoría de Patagónicas).
La transferencia no automática en este caso tiene por objetivo corregir una de las principales asimetrías que perturba el régimen federal. Todas las provincias sacrifican ingresos debido a que parte de los recursos coparticipables son derivados a la ANSES (los más importantes son el 100% del impuesto al cheque y parte del IVA e impuesto a los combustibles), recursos que la Nación usa para cubrir los desequilibrios de la ANSES, incluyendo los desequilibrios de las 11 cajas provinciales transferidas. Las transferencias no automáticas buscan hacer lo mismo con las 13 provincias que administran la cobertura previsional de sus empleados públicos. Es decir, usar parte de los fondos que las provincias derivan a la ANSES para cubrir los desequilibrios de las cajas de todas las provincias, no solo el de las provincias que transfirieron sus sistemas.
En la práctica las transferencias a las cajas muestran una muy alta discrecionalidad (ver Gráfico IV.1). El Proyecto, al no introducir una regla que garantice un trato igualitario entre provincias, mantiene esta anomalía. La consecuencia de este trato desigual es la acumulación de juicios ante la Corte que entablaron varias de las provincias perjudicadas.
Transferencias totales a provincias
Las transferencias totales a provincias ascenderían al equivalente a 7,3% del PIB en 2027, de las cuales 7,1% del PIB serían transferencias automáticas y 0,18% transferencias no automáticas (0,17% las corrientes y 0,01% las de capital). Evaluado en perspectiva, se prevé transferir a las provincias una proporción de los ingresos totales similar al promedio histórico (ver Gráfico 5). Esta proporción intermedia es varios puntos porcentuales menor a los máximos históricos (entre 2020 y 2023, a las provincias se les transfirió el 38% de la recaudación nacional) pero superior al mínimo histórico (en 2012, las provincias recibieron 30% del total de los recursos).
Planteado en términos sintéticos, con la actual administración nacional bajó el monto de transferencias que reciben las provincias por todo concepto, tanto cuando se lo mide en valores constantes o en % del PIB. No obstante, como también bajó la presión tributaria nacional, la relación entre lo transferido a provincias y lo recaudado por el gobierno nacional se ubica en niveles similares al promedio histórico. En paralelo, disminuye la importancia de las transferencias discrecionales y aumenta la proporción de recursos cuyo destino deciden libremente los gobiernos provinciales.
Reflexiones finales
Una estimación relativamente optimista de la recaudación nacional en 2027 repercute en un cálculo también optimista sobre la evolución esperada de las transferencias automáticas a provincias en 2027, que según el Proyecto subirían un 7,3%, en valores constantes. Tratándose, además, de un año electoral, en que el gasto provincial difícilmente se contenga, lo más probable es que el año próximo persista un déficit financiero en provincias, en lugar del equilibrio que prevé el Proyecto.
Se mantiene la estrategia de reducir las transferencias discrecionales a provincias sin introducir novedades significativas en las relaciones fiscales entre la Nación y las provincias. La debilidad más importante radica en no aportar avances sobre temas de muy alta relevancia. En primer lugar, no establecer un mecanismo de aplicación automática para que las provincias con cajas previsionales propias reciban el mismo trato que las provincias que transfirieron sus cajas. En segundo término, no promueve un arreglo intergubernamental racional y perdurable acerca de las responsabilidades en materia de construcción y mantenimiento de la infraestructura pública.
Notas
- 1Fondo de Desarrollo Eléctrico del Interior. ↩
- 2Forma parte de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos N° 23.548. ↩
- 3En mayo de 2010, mediante el decreto 660/2010, se creó el Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas, aplicando una porción de los ATN no repartidos en años anteriores a cancelar la deuda de provincias con el gobierno nacional. Se trató de una operación contable y no una transferencia directa. El criterio de reparto resultó en función de la deuda de cada provincia con la Nación, con lo cual perjudicó en términos relativos a las provincias menos endeudadas. ↩
- 4En el año 2020, por el decreto 352/2020 (Programa para la Emergencia Financiera Provincial, COVID-19), se asignaron entre provincias $60.000 millones del Fondo ATN no repartidos en períodos anteriores. ↩