Reseteando metas
En diciembre de 2023, con una economía al borde de la hiperinflación, las prioridades no admitían discusión. Bajar la inflación era el objetivo excluyente. En ese contexto, el programa de estabilización —apoyado en un ajuste fiscal inédito— logró lo que se proponía: desacelerar rápidamente el ritmo de aumento en los precios. Hacia comienzos de 2025 la inflación había descendido hacia el entorno del 3% mensual y la producción y las remuneraciones habían rápidamente rebotado luego de una fuerte caída inicial. No era una victoria definitiva, pero los logros acumulados eran significativos.
Un año después las prioridades cambian. La inflación sigue siendo una preocupación —sobre todo por su dificultad para perforar ese umbral—, pero deja de ser una meta excluyente. Entre las preocupaciones que ganan espacio, la principal es el deficiente desempeño del mercado de trabajo. El salario real, que había mostrado una recuperación inicial, volvió a estancarse y presenta signos de retroceso en los últimos meses. A comienzos de 2026, se ubica todavía por debajo de los niveles de noviembre de 2023 y casi un 25% por debajo de los máximos alcanzados hacia 2017 y 2018.
Pero el dato más inquietante está en el empleo. No solo se estanca el nivel total —lo que deriva en una suba de la desocupación—, sino que además se deteriora su calidad. Prueba de ello es que el componente más dinámico es el trabajo por cuenta propia informal, mientras que cae el empleo asalariado privado registrado. Entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025 se perdieron más de 200 mil puestos de trabajo formales en el sector privado. Un número difícil de conciliar con una economía que, en términos agregados, hoy produce más. En efecto, de acuerdo con el EMAE, el nivel de actividad se ubica actualmente más de un 6% por encima del registrado a fines de 2023.
No todo es reconversión
Una primera explicación para la paradoja del aumento en la producción con destrucción de empleo remite a la heterogeneidad sectorial. La recuperación productiva no es homogénea y, en general, los sectores más rezagados son los más intensivos en empleo. La construcción es el caso más evidente: acumula, desde noviembre de 2023, una caída significativa en su nivel de actividad (-12,7%) y, consistente con ello, también en el empleo (14,1%). Sólo en la construcción se perdieron unos 62 mil puestos formales. De todas formas, el comportamiento dispar entre sectores, aunque muy importante, alcanza para una explicación parcial.
También hay que considerar que está en marcha un proceso más profundo: la desaparición de empleos que solo eran viables bajo el régimen económico previo. Durante años, la combinación de alta inflación, controles cambiarios, subsidios, aislamiento frente a la competencia externa y tasas de interés reales negativas, entre otras distorsiones, permitió sostener estructuras productivas muy ineficientes. En ese contexto, ciertos empleos solo existían porque eran tolerados y funcionales al modo en que operaba la economía.
En un entorno más estable y competitivo, esos empleos dejan de ser sostenibles. Lo que emerge entonces es un proceso de adaptación en la organización del trabajo a nuevas reglas de juego. La reconversión tiene costos en términos de empleo, pero beneficios en términos de productividad. En definitiva, un proceso doloroso, pero necesario.
Esto ayuda a entender por qué incluso sectores dinámicos en términos de producción muestran caídas en el empleo. La intermediación financiera, por ejemplo, exhibe una expansión significativa de su nivel de actividad en los últimos dos años (incremento del 23%), pero una reducción del empleo (-3,3%).
Algo similar ocurre en sectores como minería e hidrocarburos, donde el crecimiento también es intenso (18%), pero registra, en el agregado, destrucción de puestos de trabajo formales (-9%).
Sin embargo, no todo el ajuste en el empleo formal responde a esta lógica. Una parte —nada menor— obedece a un entorno que sigue conspirando contra la producción y el empleo.
Regulaciones inadecuadas, presión impositiva distorsiva, déficits de infraestructura, incertidumbre macroeconómica y restricciones de financiamiento obligan a las empresas a ajustar, no para ser más eficientes, sino para adaptarse a un contexto que sigue siendo extremadamente adverso.
Ambos fenómenos implican menos empleos, pero tienen consecuencias muy diferentes. Mientras la reconversión mejora la productividad, el ajuste para adaptarse a deficiencias del entorno es fuente de ineficiencias.
Limitar el ajuste ineficiente
Las condiciones, muy diferentes a las que se enfrentaban a fines del 2023, hace recomendable resetear metas. En especial, prestarle especial atención a los factores que condicionan el funcionamiento del mercado de trabajo. Asignar mayor peso al objetivo de dinamizar el empleo es una manera de aportarle sustentos al programa económico, aun cuando esto implique ser menos ambicioso en el ritmo de la desinflación.
El desafío es hacerlo sin interferir con la necesaria reconversión. No es recomendable tomar acciones que lleven a diferir el proceso de adaptación de las empresas al contexto de mayor estabilidad e integración al mundo. Muy por el contrario, esta reconversión es la manera de ganar competitividad y sentar las bases para el crecimiento sostenido. Lo que hay que tratar de evitar o al menos minimizar es la destrucción de empleos derivada de la adaptación de las empresas a las reglas distorsivas e ineficientes que todavía subsisten. Muchos empleos se pierden por un entorno regulatorio deficiente, carga impositiva distorsiva, limitaciones al acceso al crédito, alta incertidumbre y precariedad en la infraestructura.
En este marco, avanzar más rápido hacia el régimen monetario definitivo es una vía para dinamizar la economía y el empleo porque aumenta la previsibilidad y expande el crédito. No menos importante es el resto de reformas estructurales pendientes. La experiencia reciente con la reforma laboral muestra que la viabilidad política existe; el desafío es sostener el impulso y, sobre todo, implementar las transformaciones de manera efectiva.
La continuidad debería ser la reforma tributaria. El gradualismo tributario —es decir, reducir impuestos a medida que baja el gasto— es seductor, pero no responde a las urgencias que enfrentan la mayoría de las empresas. Por eso es imprescindible diagramar estrategias más disruptivas que lleven a fortalecer los mejores impuestos para generar los recursos que permitan eliminar los tributos más distorsivos sin comprometer el equilibrio fiscal.
Mientras la etapa dominada por la urgencia inflacionaria fue superada, emerge como prioridad la generación de empleos de calidad. No se trata de abandonar la estabilización, sino de completarla. La manera de hacerlo es facilitar la reconversión que necesitan la mayoría de las empresas y minimizar la destrucción de empleos derivada de las deficiencias que aún persisten en el entorno económico.
