Obstáculos para un mercado laboral sostenible
A contramano de ciertos indicadores de reactivación económica, el mercado laboral argentino permanece tensionado. La foto del primer trimestre de 2025 muestra un nivel de empleo prácticamente idéntico al del mismo trimestre del año anterior. La tasa de desocupación, en torno al 7,9%, y la tasa de actividad, del 48,2%, no reflejan variaciones significativas en relación al primer trimestre de 2024. Sin embargo, detrás de esa aparente estabilidad se esconden transformaciones que ameritan la atención.
Lo más relevante no está hoy en la cantidad de puestos de trabajo, sino en la composición del empleo y en la dinámica de los ingresos laborales. La calidad del empleo se ha deteriorado. A nivel interanual, creció el empleo informal: del 40,8% del total de ocupados en 2024 paso al 42% en 2025 y se estancó el empleo asalariado privado registrado en 6,2 millones de trabajadores. En este sentido, la expansión de ocupaciones no registradas está reforzando un mercado dual, fragmentado y con oportunidades desiguales.
La evolución de la masa salarial confirma esta tensión. El crecimiento real de los ingresos sigue siendo muy limitado, ya que aún no han logrado superar los niveles previos al inicio de la actual gestión.
Esta estructura compleja del mercado laboral, entre otros factores, responde a un entramado de regulaciones obsoletas, costos laborales que desincentivan la contratación formal y un sistema de justicia laboral que transformó el conflicto en una actividad lucrativa. La informalidad y el trabajo autónomo se convirtieron en una estrategia de supervivencia tanto para trabajadores como para empleadores, atrapados en un marco normativo que penaliza la formalidad y premia el conflicto.
En virtud de esto, hacia mediados de la década pasada el aumento de los juicios motivados por accidentes y enfermedades laborales llevó al sistema de riesgos del trabajo a una situación límite. Frente a esta crisis, el Congreso Nacional sancionó en 2017 la Ley 27.348.
Esta norma estableció un cambio en el procedimiento ante un desacuerdo entre el trabajador y una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) en relación con la reparación de un siniestro laboral. La primera instancia para resolverlo pasó a ser las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, quedando habilitada la intervención del Poder Judicial solo si el conflicto subsistiera. La intención era descomprimir los tribunales y agilizar las resoluciones en sede administrativa. Como resultado las demandas judiciales experimentaron una caída significativa, pasando de 15.542 en marzo de 2017 a 9.908 en marzo de 2018, una reducción del 36%.
Sin embargo, la reforma se aplicó parcialmente, y con el paso del tiempo, su eficacia se diluyó. A pesar de que la siniestralidad laboral demostró una tendencia decreciente, los juicios continuaron en aumento. En el primer trimestre de 2025 se notificaron 25.472 nuevos juicios laborales, mientras que para marzo se acumularon 301.735 juicios sin resolver en el sistema judicial. Según proyecciones de la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (UART), el año 2025 terminará con alrededor de 130.000 demandas iniciadas. La persistente litigiosidad, desalineada de los indicadores de siniestros, no solo distorsiona el sistema de riesgos del trabajo, sino que además desincentiva la creación de empleo formal y refuerza los incentivos a operar en la informalidad.
El centro de la problemática radica en el sistema pericial vigente en los tribunales provinciales. Los peritos médicos operan bajo un esquema de incentivos perversos, donde sus honorarios aumentan proporcionalmente al porcentaje de incapacidad que determinan. Este mecanismo convierte casos de incapacidad mínima en litigios millonarios cuando llegan a la instancia judicial.
La solución no requiere una nueva reforma legislativa, sino implementar lo que la ley ya establece, creando cuerpos médicos forenses independientes e imparciales que, tras ocho años de sancionada la norma, aún no fueron constituidos. Los honorarios periciales deben basarse en el trabajo realizado, no en el resultado del dictamen.
En este sentido, el costo de la litigiosidad trasciende las estadísticas judiciales e impacta en la estructura productiva del país. Las empresas, especialmente las pymes, se ven obligadas a destinar recursos cada vez mayores para protegerse de potenciales conflictos laborales. Esta incertidumbre sobre los costos de una eventual demanda desalienta la formalización del empleo y fomenta la contratación en condiciones de informalidad. En este contexto, el riesgo de enfrentar un juicio laboral puede representar la diferencia entre contratar o no a un trabajador.
Además, los costos laborales asociados a la litigiosidad erosionan la competitividad de la economía, especialmente en un contexto de tipo de cambio real apreciado y un proceso de apertura comercial. Esta combinación de factores puede limitar la capacidad del empleo formal para expandirse y condiciona el ritmo de recuperación de la actividad económica.
Laura Caullo
Investigadora responsable Área de Empleo y Política Social
