Mientras más rápido baja inflación, más urgen las reformas
Tomando como referencia su principal objetivo –bajar la inflación– el programa económico sigue acumulando logros. El más reciente es que la tercera fase del plan, centrada en flexibilizar la política cambiaria, se logró implementar con mucha tranquilidad. Esto genera las condiciones para que este próxima de alcanzar la meta de que la variación de los precios al consumidor varíe por debajo del 2%.
Mientras, la recuperación de los ingresos de la población (salarios y jubilaciones) y el nivel de producción general, luego de la profunda caída inicial, fue rápida. Gracias a ello, en la mayoría de los casos, ya se alcanzaron los niveles registrados a fines del 2023. A partir de ahora se entra en otro tipo de desafío que es, superada la recuperación, generar condiciones para que los ingresos y la producción crezcan, rompiendo con el largo ciclo de estancamiento y deterioro que se acumuló en los últimos años.
El principal instrumento que sostiene el programa es un inédito ajuste fiscal basado en reducciones del gasto público. Una evidencia muy importante es que el fuerte ajuste fiscal se ha sostenido a lo largo del tiempo gracias a que cierta flexibilización en algunos componentes (por ejemplo, jubilaciones sujetas a la nueva regla de movilidad) se fue compensando con la intensificación de los recortes en otros componentes (por ejemplo, los subsidios a las tarifas eléctricas).
Si bien el equilibrio fiscal es el principal pilar de sustento del programa, la política cambiaria viene jugando, en las diferentes fases del programa, un rol central en favor de ir más rápido en la desinflación. La contrapartida es que van apareciendo e intensificando desafíos en otras áreas de la economía.
La más visible y comentada es que no se están acumulando reservas. Esto, además de ser un desvió respecto a los compromisos asumidos por el país en el acuerdo con el FMI, es un punto de vulnerabilidad financiera. El más importante se da de cara a los próximos vencimientos de la deuda pública. Es cierto que si se profundizara la baja del riesgo país los vencimientos podrían ser afrontados con nueva deuda. Pero esto supone que la magnitud de reservas no tiene una incidencia significativa en el nivel del riesgo país.
Una consecuencia aún más importante es que se explicita la vulnerabilidad productiva. Es decir, déficits de productividad que se vienen acumulando desde hace mucho tiempo. La principal causa es que la inestabilidad macroeconómica y el aislamiento indujeron políticas públicas y decisiones al interior de las empresas contrarias a la productividad. Se trata de un proceso crónico que llevó a una frondosa acumulación de ineficiencias. La arista más trascendente es que una alta proporción del empleo se genera en actividades que adolecen de esta debilidad. Esto define su alta incidencia sobre la situación social.
Mientras más rápida es la migración a un entorno de estabilidad, tipo de cambio relativamente apreciado en relación al pasado y relajamiento del aislamiento respecto al comercio internacional, más veloz es la exteriorización de la vulnerabilidad productiva. La manera genuina y sostenible de enfrentarla es abordando los factores que conspiran contra la eficiencia. Dicho de otra manera, la paradoja de que mientras más exitoso es el proceso de desinflación, más explicitas se hacen las vulnerabilidades en materia de productividad se resuelve dinamizando las reformas estructurales.
La Agenda de mayo
De la integralidad y velocidad en el abordaje de las reformas depende decisivamente la generación de un entorno que facilite y estimule las ganancias de competitividad. Esta es la vía más directa y expeditiva para atacar la vulnerabilidad productiva y generar bases genuinas y sostenibles para el empleo. La preservación y creación de empleos depende decisivamente de superar la vulnerabilidad productiva.
La Agenda de mayo, suscripta por el presidente y la mayoría de los gobernadores, sintetiza los aspectos medulares de las reformas que permitirán superar la vulnerabilidad productiva. Un aspecto muy relevante es que en el 90% de la Agenda las provincias tienen algún tipo de incidencia. Es decir que para su correcta implementación se necesita algún grado de acompañamiento de las provincias. Es lógico que sea así en función de la organización federal que adopta la Constitución Nacional, pero no siempre es una restricción tenida en cuenta.
En algunos casos la incidencia de decisiones que dependen de los gobiernos subnacionales es determinante. Por ejemplo, la mejora de la educación básica o el establecimiento de un nuevo régimen de coparticipación. En otros, donde las transformaciones se refieren a normas nacionales, el acompañamiento de las provincias es importante. Por ejemplo, que las provincias, particularmente sus poderes judiciales, acompañen la reforma laboral.
El sesgo marcadamente federal de la Agenda introduce una restricción política muy relevante. A diferencia del Congreso de la Nación, que en función de las elecciones de octubre tendrá una renovación parcial (mitad de la cámara de diputados y un tercio de la de senadores), sólo dos provincias renuevan gobernadores. La principal implicancia es que la mayor parte de los principales actores políticos que es necesario movilizar a los fines de avanzar la implementación de la Agenda de mayo no cambiarán en el futuro próximo.
Para la evolución del programa económico, particularmente que junto con la desinflación, la recuperación de los ingresos y la producción derive en crecimiento sostenido, es muy relevante que finalmente el gobierno decidió constituir el consejo responsable de impulsar la implementación de la Agenda. Es sólo un paso formal, pero va en el sentido de abordar las transformaciones que operen como antídoto a las debilidades de productividad que adolece gran parte del sistema productivo argentino, del cual depende la mayor parte del empleo. Pero lo más importante, desde el punto de vista político, es que el antecedente a esta decisión es la reunión de los gobernadores donde plantearon la necesidad de que el gobierno nacional avance en este sentido.
A medida que se avanza en el calendario electoral más difícil resulta generar espacios de análisis y dialogo para acordar reformas. Esto seguramente pondrá trabas adicionales en la toma de decisiones encaminadas a implementar la Agenda. Sin perjuicio de ello, dada la extrema complejidad y diversidad de temas que involucra, hay muchas áreas de trabajo donde se puede -y es recomendable- avanzar aun en un contexto político que, por la cuestión electoral, no es el más favorable.
