Los desafíos de construir instituciones
El avance legislativo de varios proyectos clave —en particular, la sanción de la ley de modernización laboral— constituye un hito de alta trascendencia. Más allá de su contenido específico, lo más relevante es su dimensión política. Mientras que el año pasado prosperaban en el Congreso iniciativas impulsadas por la oposición que tensionaban el programa económico, hoy el oficialismo logra avanzar con rapidez en su agenda de reformas estructurales. El resultado es la aprobación de normas con potencial impacto significativo sobre el desempeño económico y social.
El mayor peso legislativo derivado del amplio triunfo que logro el oficialismo en las elecciones de octubre explica parte de este cambio de escenario. Sin embargo, el factor decisivo ha sido la mejora sustancial en la gestión política, que permitió articular apoyos más amplios, incluyendo a sectores de la oposición. En este proceso, los acuerdos con gobernadores desempeñan un papel clave.
El cambio en la matriz productiva de varias provincias, derivado de la expansión de la minería, los hidrocarburos y otros sectores con alto impacto regional, tiene una alta incidencia en la dinámica política. Si estos procesos, en los que los cambios en la estructura productiva de varias provincias inducen cambios en las estrategias políticas, se consolidan y profundizan, podría abrirse una etapa inédita para nuestra historia reciente. Iniciativas históricamente bloqueadas en el Congreso —como el tan necesario como postergado replanteo de la coparticipación federal de impuestos— comienzan a mostrar condiciones de viabilidad.
Una tarea extensa y compleja
La reforma laboral aprobada se distingue de intentos previos por su profundidad e integralidad. La magnitud de los cambios y este contraste con experiencias pasadas eleva las expectativas respecto de su impacto positivo sobre el mercado de trabajo. Esto obliga a extremar el realismo evitando caer en la tentación de la euforia, enfatizar la necesidad de activar la cautela y asumir en todas sus dimensiones que la construcción de instituciones es un proceso complejo y extenso.
Aun con más de 200 artículos, la ley deja pendientes cuestiones sustantivas. La actualización de los mecanismos de cobertura de enfermedades y accidentes no laborales —uno de los puntos más debatido y polémico— fue finalmente excluida y postergada para una etapa posterior. También permanecen sin resolver problemas de gran relevancia, como la crisis del sistema de riesgos del trabajo, jaqueado por una litigiosidad exacerbada, y la necesidad de diseñar instrumentos específicos que incentiven la regularización laboral en las pequeñas empresas, donde se concentra casi la totalidad del empleo informal.
Además, la efectividad de muchas disposiciones dependerá de un proceso de implementación exigente. Un capítulo crucial, como la actualización de convenios colectivos obsoletos, requerirá la voluntad de los actores involucrados para modernizar sus contenidos. Del mismo modo, varias disposiciones deberán atravesar instancias de validación en las justicias laborales de cada una de las provincias.
En cualquier caso, aun suponiendo una implementación exitosa y reformas complementarias que completen lo pendiente, este avance es apenas un componente dentro de un proceso más amplio de construcción institucional. Sin aumento sostenido de la producción, incluso con mejores reglas laborales, no habrá expansión significativa del empleo de calidad. Y para que la producción crezca de manera sostenida es imprescindible avanzar en otros frentes, como el ordenamiento integral del sistema tributario y la transición hacia un régimen monetario definitivo.
También el sistema previsional constituye otro pilar de esta obra institucional. Aun cuando el crecimiento del empleo formal incremente los recursos de la ANSES, ello no será suficiente para corregir desequilibrios estructurales acumulados durante años. La sostenibilidad financiera requiere revisar parámetros para moderar la dinámica del gasto y corregir inequidades. Además, es necesario alinear incentivos para prolongar la vida laboral y fortalecer la correspondencia entre aportes y beneficios. Sin estas reformas, la presión sobre las cuentas públicas, tanto nacional como provinciales, reaparecerá periódicamente, comprometiendo los avances logrados en materia de estabilidad.
Perseverancia y pragmatismo
La construcción institucional es un proceso largo y exigente. La mejora en la gestión política —indispensable para sumar apoyos— debe sostenerse en el tiempo. Pero también requiere perseverancia y capacidad para administrar la transición y enfrentar tensiones de naturaleza diversa. Por eso también el pragmatismo es un ingrediente esencial. La convicción reformista debe complementarse con flexibilidad para enfrentar presiones, mitigar impactos negativos y contener a los sectores más vulnerables.
Un ejemplo actual son los conflictos y las tensiones sociales derivadas de la reconversión productiva. Un contexto de mayor producción, creación de empleo y mejora salarial no elimina todas las situaciones traumáticas, pero facilita la transición y genera un contexto más favorable a los cambios. De allí que, en la etapa actual, resulte prioritario dinamizar la actividad y el empleo. A diferencia de la situación crítica que se enfrentaba en diciembre de 2023, cuando el riesgo de hiperinflación imponía urgencias extremas, hoy para abordar el desafío de construir instituciones es recomendable apelar a instrumentos que permitan acelerar el crecimiento.
Avanzar más rápidamente hacia un régimen monetario definitivo —por ejemplo, a uno con características similares al exitoso régimen bimonetario de Perú— podría contribuir a dinamizar la producción al ofrecer mayor previsibilidad y facilitar la expansión del crédito. Además, al reducir la tasa de interés, facilita la consolidación del equilibrio fiscal ya que se reduce la carga de la deuda pública. Si bien ello podría implicar una desaceleración transitoria del proceso de desinflación, el riesgo luce razonable si fortalece y agiliza el proceso más amplio de construcción institucional.
Construir instituciones es una tarea acumulativa. No depende de un único hito ni se agota en una reforma específica. La sanción de la reforma laboral es un avance significativo, pero la obra recién comienza. El desafío es transformar estos primeros tramos en una arquitectura institucional sólida que permita dejar atrás ciclos recurrentes de inestabilidad y sentar bases firmes para un crecimiento sostenido e inclusivo.
