Política en ebullición, economía en “stand by”
A medida que se aproximan las elecciones naturalmente se agregan nuevos condicionantes al devenir de la economía. Uno, particularmente importante, es que induce al gobierno a replantear prioridades. Algunos objetivos pasan a ser más ponderados, mientras que otros son diferidos. Para cualquier gobierno ganar las elecciones de medio término hace a su sobrevivencia. Pero para un gobierno en clara minoría parlamentaria, el lograr la victoria por un margen amplio es de vital importancia.
Asumiendo que la población tiene una alta valoración de la estabilidad, la opción oficial es aumentar la prioridad de consolidar y profundizar la baja de la inflación. La contrapartida es sacrificar otros objetivos de política económica. Uno, que tiene consecuencias muy importantes, es desplegar una estrategia más conservadora en el manejo de la política cambiaria.
En principio, dado el muy bajo nivel de monetización prevaleciente, habría espacio para ser más agresivo en la compra de reservas dentro de la banda cambiaria. Es decir, adquirir dólares para reforzar las reservas, con emisión de pesos. Pero dado que es muy difícil prever si hay demanda para los pesos que se inyectarían en la economía, el Banco Central viene optando precautoriamente por no hacerlo. Si bien se apela a otras vías para acumular reservas, son alternativas más costosas e insuficientes para cumplir con la meta de acumulación de reservas prevista en el acuerdo con el FMI. Aún más importante es que llevaría a un nivel de tipo de cambio más bajo, de manera que se hacen más explícitos los déficits de productividad que adolece la producción nacional.
El gobierno ha demostrado sentido práctico para ir adaptando el uso de los instrumentos en función de las circunstancias. Por eso es muy probable que, superada la instancia eleccionaria, se opte por una estrategia menos conservadora, y eso permitirá una mayor dinámica en la acumulación de reservas y llevará, flotación cambiaria mediante, a un tipo de cambio más alto.
Mientras tanto, hasta superar las elecciones, irá en creciente ebullición la puja política y se acentuará en materia económica la cautela entre los agentes económicos. Es probable que, dentro de los factores que explican la resistencia a la baja del riesgo país, seguramente este clima de expectativa sea de los más importantes. Hay incertidumbre no tanto por el resultado de la elección, donde se pronostica un triunfo del oficialismo, sino con relación a cuál será la estrategia del gobierno una vez que se valide ante el electorado.
¿Y en el mientras tanto?
Luego de la caída, llegando a niveles extremos en el primer semestre del año pasado, la etapa de recuperación de la producción y los ingresos de la población fue muy rápida. Pero a medida que pasa el tiempo se van sumando signos de aletargamiento. Esto es previsible, ya que no es lo mismo “recuperar” que “crecer”. Para salir del largo ciclo de estancamiento y decadencia la estabilidad es condición necesaria y en este plano los logros son claros. La condición suficiente es abordar las reformas estructurales que generen un contexto más amigable para la producción y en este plano todavía hay incertidumbres.
Esta situación define la alta relevancia de encontrar la manera de que no prevalezca una actitud pasiva hasta que pasen las elecciones de octubre. Las reformas son demasiado importantes como para resignarse a posponer su instrumentación. Aun cuando el contexto de puja electoral pone muchas restricciones, el destinar esfuerzos a no abandonar transitoriamente la agenda de transformaciones es definitorio.
La complejidad de las reformas deriva tanto de cuestiones políticas como técnicas. Con respecto a las técnicas, hay que tener en cuenta que la mayoría de las reformas demandan disponibilidad y análisis de información, elaboración de diagnósticos, simulaciones, evaluación de alternativas, diseño institucional. Es un proceso muy laborioso sobre el que hay muchos avances parciales, pero mucho pendiente por hacer. Diferir su abordaje para después de octubre es una actitud simplista y riesgosa.
Las restricciones políticas son más mencionadas, pero generalmente con un enfoque sesgado, especialmente porque pasan por alto las restricciones que impone el régimen federal. Esto también conduce a planteos simplistas. Por un lado, es exagerada la expectativa que genera la mayor capacidad de maniobra que tendrá el oficialismo en el Congreso triunfando en octubre. De cara a un proceso reformador el fortalecimiento tendrá impactos positivos, pero, como ocurre ahora, los proyectos de ley seguirán necesitando el aval de parte de la oposición para que prosperen. Pero el punto más desafiante es que en la enorme mayoría de los casos la implementación de las reformas depende de decisiones de las provincias.
En el acta de mayo se enumeran las reformas más importantes. En general, se pasa por alto que para su implementación las provincias tienen intervención, directa o indirectamente, en el 90% de la agenda. A diferencia de lo que ocurre en un país unitario, el diseño institucional argentino impone restricciones adicionales.
El ejemplo de lo que está pasando con el sistema de riesgos del trabajo es sumamente ilustrativo. Ante el flagelo de la litigiosidad en el sistema de riesgos del trabajo, el Congreso de la Nación sancionó en el 2017 una norma con un conjunto de disposiciones orientadas a ordenar la situación. Algunas provincias adhirieron y otras no. Pero aun en las provincias que adhirieron la resistencia de los poderes judiciales locales a adaptar sus procedimientos internos a lo que disponen las normas lleva a que la cantidad de demandas judiciales siga una tendencia exponencial.
En el procesamiento político de las reformas es importante clarificar roles y responsabilidades. El Gobierno nacional tiene el deber de liderar, convocar y proponer. Pero es un error atribuirle en soledad la capacidad y responsabilidad de transformar estructuras que, por diseño institucional, están fuera de su alcance exclusivo, ya que depende de decisiones de las provincias. Asumido de esta manera, se entiende que tan importante como el resultado de las elecciones de octubre es la reacción que adopta el gobierno nacional a sus resultados. Es clave que luego de las elecciones se disipe el clima confrontativo y que la acumulación de poder político sea usado como plataforma para convocar y encolumnar voluntades en favor de las reformas.
En el mientras tanto la reciente constitución del Consejo de mayo, como órgano responsable de impulsar la agenda de transformación, puede jugar un rol estratégico. Si logra abstraerse de la puja electoral y abocarse al diseño consensuado de reformas permitirá ganar tiempo para que después de octubre no se demore el proceso de implementación. Además, si se lograra convencer que el proceso de reformas sigue activo bajará el nivel de incertidumbre, contribuyendo, por ejemplo, a generar presiones a la baja sobre el riesgo país. Una variable clave de cara al desafío de afrontar el año próximo los vencimientos de la deuda.
