Política vs. Economía

Como muchas veces ocurrió en el pasado, nuevamente la política colisiona con la economía. Por un lado, el oficialismo ansioso por una victoria contundente en las elecciones de octubre para mejorar su situación en el Congreso. Esto lo lleva a subordinar la política cambiaria al objetivo de sostener la reducción de la inflación. Por el otro, las evidencias que muestran que la demanda de dólares supera a la oferta. Mientras la economía pide replantear el régimen cambiario, la política pide posponer los cambios para después de octubre.
Esta tensión pone en riesgo el plan económico. Urge activar los mecanismos que permitan mitigarlos. Para ello, además del acuerdo con el FMI, son cuestiones claves no caer en la sobrevaloración de la importancia de los comicios de octubre, ni en la subestimación de los impactos positivos que tendría avanzar en la implementación de la Agenda de Mayo.
La economía
El inédito ajuste fiscal dio resultados rápidos y contundentes. Desde mediados del año pasado es dispar pero, en general, intensa la recuperación de remuneraciones y producción. Esto, en la mayoría de los casos (no en todos), implica niveles superiores a los que se registraban en noviembre del 2023, es decir el último mes antes de que asumiera el nuevo gobierno. Más claros y contundentes son los logros en materia de reducción de la inflación. Sin embargo, esta acumulación de alivios contrasta con las crecientes preocupaciones en relación con el tipo de cambio.
La política cambiaria —caracterizada por una relajación limitada del cepo y un crawling peg que bajó del 2% al 1% mensual— viene haciendo una contribución muy importante en favor de la estabilización. La contrapartida es que no permite acumular suficientes reservas. Las cuentas externas muestran que se fue reduciendo el saldo de la balanza comercial, es decir la diferencia entre exportaciones e importaciones, al punto que resulta insuficiente para cubrir la demanda de divisas para pagar intereses y el saldo negativo en la balanza de servicios (donde el turismo emisivo tiene un peso considerable). La diferencia se cubre con ingresos netos de capitales o, como viene ocurriendo en los últimos meses, con el consumo de reservas del Banco Central.
La política
Para el oficialismo las elecciones de octubre son una oportunidad para comenzar a revertir su clara minoría en ambas cámaras del Congreso. De ahí la alta prioridad asignada a obtener un resultado electoral excelente. Para ello, ningún factor es más importante que continuar con la baja de la inflación. Es esta lógica política la que lleva a extremar la cautela a la hora de flexibilizar la política cambiaria. Así queda explicitado el conflicto entre objetivos políticos (subordinar la política cambiaria a la meta de continuar bajando la inflación) y objetivos económicos (establecer una política cambiaria que permita acumular reservas).
¿Son conciliables la economía y la política?
La respuesta es afirmativa, al menos por tres motivos. El primero es que resulta pertinente matizar la idea de que octubre será un punto de inflexión absoluto para la gobernabilidad legislativa. Si bien una buena elección incrementa los márgenes de acción del oficialismo en el Congreso, aún con una excelente elección la condición de minoría persistirá, ya que sólo se renueva la mitad de los miembros de la Cámara de Diputados y un tercio de la de Senadores. Por lo tanto, el oficialismo seguirá necesitando construir acuerdos con la oposición dialoguista para sancionar leyes.
La segunda razón es que el impacto inflacionario de modificar el régimen cambiario en el actual contexto debería ser moderado y por única vez. Bajo estas condiciones el desvío en la senda decreciente en las tasas de variación mensual de IPC puede ser explicado y justificado a la población. De manera que su incidencia política puede ser amortiguada con un buen plan de comunicación.
La tercera razón, y la más importante, es que se pueden conciliar objetivos dándole más agilidad e integralidad al proceso de reformas estructurales. Si el planteo es creíble es la mejor manera de convencer a los agentes económicos de que la apuesta no es ganar “competitividad cambiaria” (que es efímera ya que sus impactos inflacionarios rápidamente diluyen sus resultados) sino mejorar la competitividad en base aumentar la productividad.
Afortunadamente no hay que arrancar de cero. La oposición dialoguista aportó votos en el Congreso para autorizar el acuerdo con el FMI. Si se lograra un proceso similar en relación con la implementación de la Agenda de Mayo se eliminarían los riesgos de que el replanteo del régimen cambiario derive en la espiralización de la inflación. Además, es previsible que la posición del FMI sea más flexible si se incluye como parte de las condiciones del acuerdo el impulsar de manera más amplia y rápida las transformaciones que necesita la Argentina. Política y economía se concilian si se combina el replanteo del régimen cambiario, un acuerdo con el FMI que difiera vencimientos de la deuda y aumente las reservas, y el inicio de la etapa de implementación de las reformas.
La política después de octubre
Se suele argumentar que primero hay que renovar el Congreso para recién después aspirar a avanzar con las reformas. Lo cierto es que, cualquiera sea el resultado, el oficialismo seguirá dependiendo de un acuerdo con la oposición después de que se renueve el Congreso. Pero lo más importante es que una parte sustancial de la Agenda depende crucialmente de acuerdos con los gobernadores que seguirán siendo los mismos después de las elecciones.
El ordenamiento del sistema tributario y de coparticipación es crucial y desafiante y depende decisivamente de que entre la Nación y las provincias se pongan de acuerdo en unificar impuestos y sustituir la coparticipación por un esquema de correspondencia fiscal. La mejora de la educación la tienen que hacer las provincias, ya que es de quien dependen las escuelas. Para mejorar las regulaciones laborales no alcanza con cambiar normas nacionales, también son decisivos los criterios que se adopten en las justicias provinciales. Incluso en relación con el sistema previsional es conveniente involucrar a los gobernadores, ya que en la mayoría de los casos la previsión social también es el principal factor desestabilizador de las finanzas públicas provinciales.
Es pertinente asumir que el cambio de escenario político post-octubre será importante pero no decisivo. Por eso es mejor abordar los desafíos que plantea la situación económica moviendo las fichas ahora. Esto incluye acompañar el nuevo régimen cambiario y el financiamiento adicional del FMI con la implementación de la Agenda de Mayo.